2025, primer año en 30 con PBI creciendo y empleo formal cayendo
Daniel Schteingart, de Fundar, señaló que la economía argentina registró crecimiento del PIB mientras el empleo formal privado retrocedía, una combinación que no se había visto en tres décadas. El dato plantea dudas sobre la efectividad de la política laboral de Milei y sobre quién, en la federación, responde de la alta informalidad que afecta al 45 % de los trabajadores.
El investigador en desarrollo productivo de Fundar, Daniel Schteingart, explicó que 2025 marcó el primer año en los últimos 30 en que el Producto Interno Bruto aumentó y, simultáneamente, el empleo formal del sector privado disminuyó. “Una economía que crece destruyendo empleo formal es una rareza del siglo XXI”, advirtió, señalando que la última vez que algo similar ocurrió fue a principios de los años noventa.
Para contextualizar la magnitud del fenómeno, Schteingart comparó los últimos gobiernos. Durante la gestión de Mauricio Macri se generaron alrededor de 262 mil puestos de trabajo al año, pero ninguno de ellos fue formal; la recesión prolongada impidió que el crecimiento del PIB se tradujera en salarios registrados. En la era de Alberto Fernández, la cifra subió a 433 mil empleos anuales, con aumentos tanto en el sector formal como en el informal, impulsados por la protección a la industria, la obra pública y el rebote del turismo tras la pandemia. Sin embargo, pese a esos números, el país terminó con el menor índice de desempleo desde 1991 y la mayor inflación del mismo período.
Bajo Javier Milei, el ritmo se desacelera drásticamente: apenas 101 mil empleos formales se crean al año, una cifra insuficiente para absorber a los 200 mil nuevos participantes del mercado laboral que ingresan cada año. Lo que sí crece es la informalidad, particularmente el cuentapropismo, lo que convierte a la economía en una “rara avis” donde el crecimiento del PIB no se traduce en empleo registrado. Schteingart descartó que la reforma laboral sea la causa principal; en su lugar, atribuye la caída al hecho de que los sectores que más aportan al PIB – petróleo, minería, agro y finanzas – no generan un efecto multiplicador significativo en el mercado laboral, mientras que la industria y la construcción, tradicionalmente motores de empleo, están prácticamente paralizados.
El análisis de Schteingart también plantea la cuestión de la responsabilidad federal. En el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó el 32,3 % de la población y la informalidad el 45 %, cifras que, según él, dependen en gran medida de la política macroeconómica y tributaria nacional. No obstante, la distribución territorial es desigual: la informalidad supera el 60 % en provincias del Gran Norte, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego está por debajo del 30 %. Estas brechas reflejan diferencias estructurales en recursos naturales, capital humano, infraestructura y capacidad de gestión provincial, factores que el gobierno central no puede controlar directamente.
Quedan abiertas varias preguntas. ¿Hasta qué punto la política laboral de Milei puede revertir la tendencia de pérdida de empleo formal si los sectores con mayor peso en el PIB no generan puestos registrados? ¿Qué papel deben asumir los gobiernos provinciales para reducir la informalidad en regiones donde supera el 60 %? Y, sobre todo, ¿cómo se concilian los indicadores de crecimiento económico con la realidad de un mercado laboral que sigue excluyendo a casi la mitad de la fuerza de trabajo? La respuesta a estos interrogantes será clave para evaluar el legado de la actual administración.
