Aeropuertos Argentina se compromete a invertir 600 millones antes de 2031

El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina firmaron este lunes una Decisión Administrativa que extiende la concesión del servicio aeroportuario en 35 aeropuertos del país hasta el 13 de febrero de 2056. La medida sustituye al contrato original, cuyo plazo vencía en 2038, y surge después de una renegociación motivada por el desequilibrio generado por la pandemia y las políticas adoptadas por la gestión anterior.

Como contrapartida, la empresa se comprometió a destinar USD 600 millones, IVA incluido, a obras y mejoras en la infraestructura aeroportuaria. La mayor parte de esa cifra —un 75 %— debe estar concluida antes del 31 de diciembre de 2031, y el resto podrá amortizarse en los siete años adicionales que el acuerdo prevé. Para validar la capacidad de pago, Aeropuertos Argentina deberá presentar, antes del 30 de junio de 2027, un informe de una firma de auditoría internacional que acredite la disponibilidad de fondos para ejecutar el programa de inversión.

El pacto excluye cualquier aumento de tarifas ni limitación de inversiones, argumentando que esas medidas afectarían a los usuarios y al servicio. Además, la compañía no podrá acceder al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), lo que implica que el financiamiento deberá provenir de recursos propios o de otras fuentes no especificadas.

En la negociación se utilizó una tasa interna de retorno (TIR) de referencia del 14,3 % para reequilibrar la ecuación económico‑financiera, según explicó el Gobierno. La cifra, presentada como un indicador objetivo del esfuerzo conjunto, no está vinculada a una rentabilidad garantizada, pero su cálculo no se ha puesto a disposición del público, lo que dificulta evaluar si realmente compensa el riesgo que asume la empresa.

La propuesta inicial de Aeropuertos Argentina buscaba una extensión de 30 años, con la opción de prorrogar otros diez, lo que habría llevado la concesión hasta 2078. El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) revisó los análisis técnicos, económicos y financieros y limitó la prórroga a 2056, sin explicar con detalle los criterios que sustentaron esa decisión. La falta de claridad sobre los parámetros de evaluación deja abierta la pregunta de por qué se descartó la opción más larga y qué implicaciones tiene para la planificación a largo plazo del sector.

Otro punto que queda en el aire es la procedencia de los seiscientos millones de dólares. El acuerdo no indica si la empresa los financiará con capital propio, deuda externa o alguna combinación de ambos, ni cómo afectará eso a la balanza de pagos o a la carga financiera del Estado. Tampoco se menciona si se contemplan mecanismos de supervisión continua más allá del control que el ORSNA realizará en 2049 para verificar el cumplimiento de las condiciones.

El documento también establece que, a partir del acta, el Estado y la empresa renuncian a cualquier reclamo mutuo por hechos anteriores a la negociación, salvo por revisiones puntuales de inversiones pasadas. Esa cláusula busca “cerrar definitivamente” los conflictos surgidos durante la pandemia, pero podría limitar la capacidad de futuros gobiernos para cuestionar decisiones que, a la postre, resulten onerosas o ineficientes.

En conjunto, la extensión de la concesión y el compromiso de inversión suponen una apuesta importante para la infraestructura aeroportuaria nacional. Sin embargo, la ausencia de información sobre el origen de los fondos, los criterios de la TIR y los mecanismos de fiscalización deja varias incógnitas. ¿Cómo garantizará el Estado que el 75 % de la obra se termine antes de 2031 sin que se trasladen costos a los usuarios? ¿Qué pasará si la empresa no logra demostrar, en 2027, la disponibilidad de recursos? La respuesta a esas preguntas será clave para determinar si el acuerdo realmente protege el interés público o simplemente pospone conflictos futuros.