Alegatos finales en San Isidro decidirán responsabilidad penal de siete médicos en la muerte de Maradona

La sala de los Tribunales de San Isidro se llenó de cuarteto a todo volumen y de banderas con la cara del exfutbolista minutos antes de iniciar la última fase del proceso judicial que investiga la muerte de Diego Armando Maradona. Después de más de siete meses de debate, la fase de pruebas cerró la semana pasada y ahora corresponde a las partes exponer sus alegatos finales.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren son los primeros en hablar. Disponen de hasta cuatro horas para articular la acusación y convencer a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón de que los profesionales de la salud que atendieron a Maradona fueron responsables, al menos de forma indirecta, de su fallecimiento. La hipótesis de la fiscalía sostiene que decisiones y omisiones médicas influyeron en la muerte del ídolo, tipificándose como homicidio simple con dolo eventual.

A continuación, las querellas y, por último, las defensas de los siete imputados tendrán un máximo de tres horas cada una para presentar sus argumentos. Entre los acusados están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

Durante sus últimas declaraciones, los cuatro profesionales que ya se pronunciaron intentaron despegarse del rol de “médico tratante”. Luque sostuvo que solo coordinó la atención y que la muerte se debió a un “evento cardíaco súbito, agudo e impredecible”. Cosachov explicó que había propuesto una clínica psiquiátrica como alternativa, pero que la internación domiciliaria resultó ser la opción viable; admitió, sin embargo, no haber leído el acta de externación que firmó junto a Luque y a los familiares. Forlini aclaró que su función consistía en autorizar órdenes médicas y que los roles estaban definidos, aunque reconoció irregularidades en el servicio y la resistencia de Maradona a recibir visitas de enfermeros. Di Spagna, llamado solo para elaborar un informe, describió sus indicaciones como “sugerencias” sin potestad para modificar la conducta médica y rechazó el calificativo de “médico tratante”.

La acusación mantiene que, pese a esas versiones, existieron decisiones y omisiones que aceleraron el desenlace fatal. La defensa, por su parte, insiste en que el cuadro cardíaco que provocó la muerte no podía ser previsto ni evitado por los profesionales involucrados.

El juicio, que arrancó el 14 de abril tras el escándalo que provocó la suspensión del proceso anterior por la jueza Julieta Makintach, ha registrado más de setenta testimonios y ha visto a los propios imputados describir sus actuaciones en distintas oportunidades. La fase de pruebas, que concluyó con la última declaración de los cuatro citados, dejó al tribunal con un extenso conjunto de pruebas y testimonios que ahora serán sopesados en la deliberación final.

Quedan abiertas varias preguntas que el tribunal deberá responder. ¿Lograrán los fiscales demostrar que la coordinación de la atención implicó una culpa suficiente para calificar el hecho como homicidio? ¿Podrán los defensores convencer al juzgado de que la muerte fue un evento natural e inevitable? Y, en un plano más amplio, ¿qué implica este proceso para la práctica médica en casos de internación domiciliaria de pacientes de alto perfil?

Los jueces escucharán los argumentos de todas las partes antes de iniciar la deliberación que definirá la responsabilidad penal de los siete acusados. La decisión, esperada en los próximos días, marcará un precedente en la jurisprudencia sobre la responsabilidad de los profesionales de la salud en situaciones de alta complejidad y presión mediática.