Álvarez se escapa encapuchado y frena su juicio por homicidio
El intento de fuga del cantante “Pity” Álvarez dentro del Hospital Tornú obligó a suspender la audiencia virtual del Tribunal Oral. La defensa alega un brote psiquiátrico, mientras el juez insiste en que la presencia por Zoom no es obligatoria.
Una jornada que debía marcar un avance en el proceso por el asesinato de Cristian Díaz terminó en un auténtico escándalo dentro del Hospital Tornú. Cristian “Pity” Álvarez, de 54 años, intentó salir del centro médico cubierto con una capucha, generando la interrupción total del juicio que se había programado para llevarse a cabo vía Zoom.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Capital Federal había preparado la conexión remota a través de un celular o computadora, pero la “condición de salud” del exlíder de Intoxicados obligó a detener el encuentro. La medida dejó sin declarar a los siete testigos citados, entre los que figuraban un cura y un perito.
Según informó el propio equipo legal del acusado, el exfiscal y ahora defensor Javier Baños describió el episodio como un posible brote psiquiátrico, quizá derivado de una abstinencia, y subrayó la necesidad de certificarlo. La defensa ha usado esa hipótesis para solicitar la suspensión definitiva del proceso, argumentando que continuar vulneraría los derechos de Álvarez.
Sin embargo, el juez Gustavo Goerner y el fiscal Sandro Abraldes no aceptaron la petición. Ambos señalaron que la internación no constituye una novedad que justifique detener el procedimiento y recordaron que la presencia por Zoom no es obligatoria en esta fase. Según la decisión judicial, el acusado deberá comparecer en persona solo durante los alegatos y el veredicto.
La internación de Álvarez en el Tornú se remonta a la semana pasada, cuando ingresó a terapia intermedia tras una crisis hipertensiva que sufrió en su domicilio. El episodio siguió a un choque de su Volkswagen Bora contra otro auto en una estación de servicio porteña. Ante la gravedad del cuadro, sus abogados intentaron derivarlo a un instituto psiquiátrico mediante su obra social, pero ninguna clínica privada aceptó recibirlo, lo que dejó al músico bajo el cuidado del hospital público.
La falta de una alternativa psiquiátrica plantea preguntas sobre la capacidad del sistema de salud para atender a pacientes con problemas de salud mental vinculados a procesos judiciales. ¿Por qué ninguna clínica privada accedió a la derivación? La defensa no ha recibido respuestas claras al respecto.
El caso que hoy se discute en la corte se remonta al 12 de julio de 2018, cuando Álvarez disparó cuatro veces a Cristian Maximiliano Díaz en la zona del complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, luego de una supuesta discusión. Tras el tiroteo, el músico descartó el arma en una alcantarilla y se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, donde pasó la madrugada. Atrapado por la presión policial, se entregó horas después y, frente a los medios, declaró: “Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”. Actualmente enfrenta una posible condena de entre ocho y veinticinco años por homicidio agravado con arma de fuego.
El episodio del intento de fuga y la interrupción del juicio reabre el debate sobre la gestión de procesos penales cuando el imputado presenta problemas de salud mental. Mientras la defensa insiste en la necesidad de certificar el brote, el tribunal mantiene su postura de no detener la causa. La próxima audiencia obligará a Álvarez a presentarse físicamente, y el veredicto quedará pendiente de los alegatos finales.
