Anulación del decreto 759/2025 obliga al Gobierno a financiar salarios, becas y tecnología en universidades.

Un fallo de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dio la razón a las universidades que habían presentado un amparo colectivo a través del Consejo Interuniversitario Nacional, distintas casas de estudio y docentes, con la Universidad de Buenos Aires como parte demandante. El juez Martín Cormick declaró inconstitucional la parte del decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a la asignación de partidas presupuestarias específicas por parte del Congreso.

El decreto, firmado por el presidente, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Sandra Pettovello, había convertido la norma en un “mecanismo extraconstitucional” al exigir que el Ejecutivo esperara la autorización del artículo 5 de la Ley N.º 24.629, que obliga a prever expresamente el financiamiento de cualquier gasto. Según Cormick, el presidente no podía volver a vetar la ley y debía promulgarla sin limitaciones; la restricción del decreto, por tanto, vulneraba la separación de poderes.

En su resolución, el magistrado recordó que la Ley 27.795, conocida como Ley de Financiamiento Universitario, fue aprobada y ratificada por una amplia mayoría del Congreso en 2025 después de que el presidente la vetara inicialmente. El Congreso insistió en el proyecto en octubre de ese año con más de dos tercios de los votos en ambas cámaras, lo que, según la jurisprudencia, impide un nuevo veto y obliga a la promulgación sin condiciones.

El juez señaló que el Gobierno podría haber reasignado fondos para cumplir la norma, como ya lo hizo el jefe de Gabinete en seis oportunidades durante la vigencia de la prórroga del Presupuesto 2023. Sin embargo, el decreto 759/2025 ató la ejecución de la ley a la existencia de partidas específicas, creando una suspensión de hecho que el magistrado calificó de “irrazonable”. En la práctica, el fallo anula el recurso que había utilizado el Ejecutivo para condicionar la financiación y devuelve al Congreso la responsabilidad de definir los recursos.

Una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, citada por el juez, sitúa el costo de la ley para 2025 en apenas el 0,23 % del Producto Interno Bruto. La cifra, aunque modesta, implica recursos para salarios docentes, becas, tecnología, investigación, extensión universitaria y la actualización de sueldos según el Índice de Precios al Consumidor. El fallo no detalla cómo se distribuirán esos fondos, lo que abre la pregunta de si el Ejecutivo podrá cumplir con la orden sin generar nuevas reasignaciones o retrasos.

El magistrado también recordó que, durante los dos primeros años de la presidencia de Milei, no se aprobó una Ley de Presupuesto, sino que se mantuvieron prórrogas del presupuesto de 2023. En ese contexto, el jefe de Gabinete realizó seis modificaciones para redistribuir partidas con otros fines, lo que, según Cormick, deja abierta la posibilidad de aplicar el mismo mecanismo para financiar a las universidades. La sentencia, sin embargo, advierte que la limitación impuesta por el decreto “no supera un test mínimo de razonabilidad”.

Aún cuando la decisión es de primera instancia, abre la puerta a posibles recursos de apelación por parte del Poder Ejecutivo. La medida también plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para articular rápidamente las normas reglamentarias que garanticen el cumplimiento inmediato de la ley. ¿Se dispondrá de los fondos en tiempo real o la universidad seguirá enfrentando retrasos administrativos? ¿Cómo responderá el Congreso a la presión de definir las partidas presupuestarias sin generar nuevos conflictos políticos?

En definitiva, la sentencia de Cormick elimina el obstáculo legal que había paralizado la Ley de Financiamiento Universitario y obliga al Ejecutivo a actuar sin dilaciones. El caso pone en evidencia la tensión entre la voluntad legislativa de financiar la educación superior y la estrategia del gobierno de condicionar esos recursos a maniobras presupuestarias. El desenlace de los posibles recursos y la rapidez con que se materialicen los recursos determinarán si la decisión judicial se traduce en una mejora concreta para estudiantes y docentes universitarios.