Argentina evita pagar US$16.000 millones tras cerrar juicio YPF

La jueza federal norteamericana Loretta Preska concluyó su intervención en el proceso judicial sobre la estatización de YPF con una resolución que anula la sentencia que había dictado en 2023 a favor de los demandantes. La medida se ajusta al fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena contra Argentina por más de US$16.000 millones.

Con el llamado “amended final judgement”, el expediente de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York queda formalmente cerrado. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos (Scotus) deberá decidir si asume el caso después del recurso presentado por el fondo Burford Capital, que representa a Petersen Energía, Petersen Inversora y la firma Eton Park.

Preska, nombrada en 1992 por el presidente George H. W. Bush, estuvo al frente del caso durante cerca de diez años. La causa se inició con una demanda en 2015 presentada por Burford Capital, tras la expropiación de YPF en 2012 cuando la expresidenta Cristina Fernández tomó el 51 % de las acciones que entonces pertenecían al grupo español Repsol, sin lanzar la Oferta Pública de Adquisición obligatoria a los accionistas minoritarios.

La medida también prohibió el giro y reparto de dividendos, lo que dejó sin ingresos a los accionistas minoritarios del Grupo Petersen, titular del 25 % de la compañía, y los llevó a la quiebra en España. En 2014 Repsol cerró un acuerdo con Argentina mediante una indemnización de US$5.000 millones en bonos soberanos. Un año después, Burford Capital demandó al Estado argentino por incumplimiento del estatuto corporativo.

Según tn.com.ar, la jueza Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra Argentina. Cronista.com y Clarín coinciden en que la resolución “formaliza en el expediente de primera instancia las consecuencias de la decisión favorable al Estado”. Infobae señala que el trámite administrativo es necesario tras la decisión de la Cámara de Apelaciones en marzo, que revocó el fallo que obligaba a Argentina a pagar los US$16.000 millones reclamados por los fondos que demandaron la expropiación de 2012.