Argentina recurre al Tribunal del Mar para frenar el proyecto Sea Lion

El martes se inició la audiencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) en Hamburgo, Alemania, donde Argentina presentó su solicitud de medidas cautelares contra el Reino Unido. La petición, presentada el 13 de octubre, invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

El escrito argentino plantea cuatro requerimientos concretos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación del yacimiento Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevos permisos en la zona; que preserve la información obtenida durante la exploración; y que proteja el medio marino.

La delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia, junto al embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación. Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del ITLOS, actúa como asesor externo en la estrategia legal.

Argentina basa su argumentación en dos resoluciones de la ONU – la 2065 de 1965, que reconoce la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que insta a no adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia siga abierta – y en los artículos 192 y 194 de la Convemar, que obligan a proteger el medio marino. Según el representante argentino, explotar recursos en un área bajo disputa viola el derecho internacional, y la extracción de petróleo, al ser no renovable, no puede revertirse con una sentencia posterior.

Por su parte, el Reino Unido aún no ha presentado un escrito público ante el tribunal. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, declaró en la Cámara de los Comunes que el reclamo argentino no invalida las licencias existentes ni obliga a detener el desarrollo de hidrocarburos, y recordó el referéndum de 2013 en el que el 99,8 % de los votantes optó por seguir bajo soberanía británica. El gobierno británico anunció que presentará legislación secundaria basada en la Protection of Trading Interests Act de 1980 para proteger a las empresas afectadas por posibles medidas extraterritoriales argentinas.