Argentina rechaza guía británica y aviva disputa por proyecto petrolero Sea Lion

La Cancillería argentina emitió un comunicado calificado como “más enérgico rechazo” a la guía titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno británico. El documento británico promueve la actividad comercial e hidrocarburífera en el archipiélago y en los territorios de Georgias del Sur y Sandwich del Sur, afirmando que la legislación argentina no tiene aplicación sobre empresas o personas que operen allí y que “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción” sobre las islas.

Desde Buenos Aires, la respuesta no se limitó a la denuncia diplomática. La Cancillería envió notas de protesta a los embajadores del Reino Unido y de Israel, y recordó que los archipiélagos forman parte del territorio nacional, ocupados “ilegalmente” por Londres. Además, sostuvo que la guía vulnera la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambas partes a abstenerse de modificar unilateralmente la situación de las islas mientras la disputa de soberanía siga sin resolverse.

El eje de la controversia es el proyecto “Sea Lion”, un yacimiento de petróleo en aguas profundas a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. El consorcio formado por Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum Lp (israelí) anunció una “Decisión Final de Inversión” y planea extraer, en una primera fase, 170 millones de barriles, con inicio de producción previsto para 2028. El presidente Javier Milei calificó el proyecto de “peligro claro e inmediato” y denunció que las licencias otorgadas por el Reino Unido son ilegítimas por carecer de autorización argentina.

Frente a esa advertencia, las tres mayores compañías de servicios petroleros del mundo —Halliburton, Baker Hughes y una tercera firma del sector— descartaron públicamente participar en Sea Lion, citando el riesgo de quedar excluidas del mercado argentino, particularmente del yacimiento Vaca Muerta. Rockhopper, por su parte, aseguró que las medidas de Buenos Aires no tendrán un “efecto material” sobre el desarrollo del proyecto, pese a que la empresa ya había sido inhabilitada por 20 años en 2013 bajo la misma normativa sancionadora.

La normativa que sustenta las sanciones argentinas combina la Ley N° 26.659 (2011), ampliada por la Ley N° 26.915 (2013), y el Decreto N° 868/2026, que designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y redujo los plazos del proceso sancionatorio. Las penas previstas van de cinco a veinte años de inhabilitación para operar en el país. Hasta la fecha, la Cancillería informó haber enviado cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas en 30 países, iniciado 60 procedimientos administrativos y presentado tres denuncias penales que abarcan a 10 compañías y a sus directivos.

Aún con esa presión, el Reino Unido ofrece asistencia legal independiente a las empresas que reciban presiones de las autoridades argentinas y se compromete a intervenir directamente cuando alguna compañía enfrente esas situaciones en terceros países. La contradicción es evidente: mientras Londres asegura que sus empresas pueden operar sin interferencia, la ONU llama a evitar acciones unilaterales que alteren la situación de los territorios en disputa. ¿Hasta dónde llega la capacidad de Argentina para hacer efectivas sus sanciones fuera de su territorio? ¿Qué riesgos asumen los inversores británicos e israelíes al desafiar la postura de Buenos Aires y la normativa internacional?

En medio de la escalada diplomática, la Argentina reiteró su disposición a retomar negociaciones bilaterales sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en línea con la Resolución 2065 (XX) de la ONU. Sin embargo, el comunicado final advirtió que el Estado agotará todas las instancias administrativas, judiciales y diplomáticas para defender sus derechos soberanos y exigir responsabilidades a quienes intenten expl