AySA plantea subir tarifas hasta 22,6 % antes de privatizarse

El Ministerio de Economía adelantó una propuesta de alza de tarifas para los usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que alcanzaría el 22,6 % en la mayor parte de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida, que será puesta a consideración en una audiencia pública digital el lunes 26 de octubre a las 10 hs, llega cuando el Estado avanza en la venta del 90 % de la compañía a grupos privados.

Según la resolución 41/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), publicada en el Boletín Oficial, AySA actualizó los coeficientes zonales y corrigió errores materiales en la tarificación, incluyendo ajustes para asentamientos informales y urbanizaciones cerradas. Con la nueva estructura, de los 3.354.868 usuarios residenciales, el 60 % —unos 1.998.747 clientes— verá subas de hasta 22,6 %, con un límite del 5 % mensual. El promedio de la factura pasará de $ 29.116 a $ 35.710 antes de impuestos.

El resto del universo de usuarios no quedará inmune: un 20 % (672.194 usuarios) mantendrá la boleta en $ 20.582, mientras que el otro 20 % (683.927 usuarios) experimentará una baja del 14,7 %, con facturas que caerán de $ 27.889 a $ 23.798. Los cambios también afectarán a comercios, industrias y terrenos baldíos, aunque la fuente no detalla esos montos.

AySA estima que la alza generará un ingreso adicional de $ 140.057 millones (valor de septiembre 2026), lo que representa un 7,3 % más en su facturación anual. La normativa indica que esos recursos deberán usarse exclusivamente para financiar la tarifa social de aproximadamente 150.000 hogares y ampliar el programa. La empresa aclara que el nuevo propietario no podrá destinar esa facturación a obras ni a gastos corrientes.

Sin embargo, la justificación de la medida genera dudas. Actualmente, la tarifa social carece de incentivos claros: la falta de corte de agua por impago hace que pocos usuarios se adhieran. La propuesta menciona que con la privatización empezará a aplicarse el corte, pero no explica cómo se garantizará que los recursos destinados a la tarifa social no se desvíen una vez que el nuevo dueño tome el control. Además, la venta de AySA se está negociando con dos consorcios —el fondo neerlandés PHX Aqua junto a Rowing, Arcos Saneamento y Transclor, y la operadora Roggio con Hidrosan Capital, Aguas del Plata y Central Buen Ayre—, sin que se haya aclarado si alguno de ellos tiene planes de revisar la política tarifaria.

La coincidencia temporal entre la subida de precios y la privatización plantea preguntas sobre quién se beneficia realmente. ¿Es la medida una forma de inflar la rentabilidad de la empresa antes de su venta? ¿Qué garantías existen de que la tarifa social, anunciada como destino exclusivo del ingreso extra, no será erosionada bajo la nueva gestión? La audiencia pública será el primer espacio para que la sociedad exija respuestas, pero la falta de datos sobre los criterios de asignación de la tarifa social y la ausencia de un plan de corte de servicios por impago dejan un vacío importante.

En un contexto de alta inflación y presión sobre los bolsillos de los consumidores, la propuesta de AySA podría traducirse en un aumento significativo del gasto familiar. La discusión que se abrirá el 26 de octubre será, por tanto, más que una cuestión técnica: definirá si la privatización de un servicio esencial se realiza bajo condiciones que protejan a los usuarios o si se prioriza la rentabilidad de los futuros accionistas.