Báez compra dos estancias de Santa Cruz tras presunta maniobra con Kirchner
Una denuncia penal presentada ante el juez Sebastián Ramos acusa a Lázaro Báez de usar créditos inflados y presión política para quedarse con Río Bote y La Entrerriana, dos propiedades de 30 000 ha. La denunciante, Ana Edith Bórquez de Fadul, señala una deuda de 90 000 pesos, una solicitud de crédito de 5‑6 millones USD y la subasta de Río Bote por 39 millones de pesos en 2022. El caso vuelve a poner en la lupa la posible intervención del ex gobernador Néstor Kirchner.
Una presentación ante el juez federal Sebastián Ramos, liderada por Ana Edith Bórquez de Fadul y sus abogados Marcela Campagnoli y Federico Bazzan, plantea una cadena de negocios ilícitos que habría permitido a Lázaro Báez apropiarse de dos estancias patagónicas, Río Bote y La Entrerriana, que suman alrededor de 30 000 hectáreas. La denuncia no solo menciona a Báez, sino también a Víctor Manzanares, ex contador de los Kirchner, y a varios funcionarios judiciales y políticos.
Según el escrito, la disputa se originó en 1987, tras la muerte de José Héctor Fadul. Sus hijos acordaron una herencia que incluía una compensación de 100 000 kilos de lana para Carlos Felipe Fadul, obligación que se fue encareciendo hasta alcanzar 427 320 kilos (unos US$ 726 000 a precios de 1998). La familia mantuvo la explotación agropecuaria a través de GUERNICA S.A.A.G.I. C., con Río Bote y La Entrerriana como unidad productiva.
La denuncia sostiene que, cuando Héctor Fadul fue nombrado juez de la Cámara Criminal de Santa Cruz, su esposa, Bórquez, asumió la administración de la empresa y adquirió el 25 % de las acciones. En ese momento, Báez dirigía el área de créditos agropecuarios del Banco de la Provincia de Santa Cruz. La pieza central del argumento es que, en 1993, Bórquez viajó a Buenos Aires y, a través de Diego Emilio Palleros, recibió la sugerencia de solicitar un crédito de entre 5 y 6 millones USD, con la condición de contar con el aval del entonces gobernador Néstor Kirchner.
La denuncia indica que, tras ese encuentro, el banco empezó a presionar a la empresa familiar con reclamos de saldos y exigencias de cancelación anticipada, a pesar de que la necesidad real de financiamiento era mucho menor. Además, menciona un crédito bancario de “apenas 90 000 pesos”, que habría sido parte de la maniobra para despojar a la familia de parte de su patrimonio.
En 2022, la estancia Río Bote fue subastada dentro del proceso de quiebra de Austral Construcciones, a la que Báez estaba vinculado, y se vendió por aproximadamente 39 millones de pesos. La otra propiedad, La Entrerriana, también figura entre los activos de Báez/Austral Agro, pero no fue incluida en la lista de 12 estancias cuyo decomiso pidió el fiscal Diego Luciani en el juicio Vialidad. La ausencia de La Entrerriana plantea dudas sobre la consistencia de las decisiones judiciales que permitieron la transferencia de la tierra.
La denuncia no se limita a Báez. Pide investigar a Víctor Manzanares, al abogado Domingo Ortiz de Zárate, a los ex jueces Santiago Lozada y Graciela Drudi de Mau, y a Diego Palleros padre e hijo
