Banco Ciudad destina 25 % de sus ganancias a créditos hipotecarios
La Legislatura aprobó que el banco municipal imponga el cuartel de sus utilidades a préstamos para vivienda. La misma sesión incluyó la transferencia de la competencia del fuero laboral nacional y una sanción parcial a la creación de una calle en honor a Nisman.
En la sesión ordinaria de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, los diputados votaron a favor de la Ley N.º 3.452, que obliga al Banco Ciudad a canalizar el veinticinco por ciento de sus ganancias netas anuales a la línea de crédito hipotecario. La norma, presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical, se aprobó con 68 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.
Según los últimos estados financieros publicados por la entidad, el Banco Ciudad cerró el ejercicio 2023 con una utilidad neta de 4.200 millones de pesos. Con la nueva disposición, al menos 1.050 millones de pesos deberían destinarse a la cartera de préstamos para la adquisición o mejora de inmuebles, priorizando a familias de ingresos bajos y medianos. La medida busca ampliar la oferta de vivienda accesible en la zona metropolitana, donde el precio de los inmuebles supera el crecimiento salarial.
El presidente del Banco Ciudad, Juan Pérez, recibió la sanción en la mañana del martes y manifestó que el banco "cumplirá con la norma y ajustará sus políticas de crédito para garantizar la mayor efectividad del recurso". Pérez añadió que la institución ya había incrementado su participación en el sector hipotecario en los últimos años, pero que la obligación legal implicará una reconfiguración de la cartera de inversiones y una revisión de los criterios de riesgo.
Por su parte, la diputada María Larrañaga, quien lideró la iniciativa, explicó que la medida responde a la "crisis de acceso a la vivienda que afecta a la mayor parte de la población". Larrañaga recalcó que el Banco Ciudad, al ser un banco público, tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo social y que la asignación del 25 % de sus utilidades permite una intervención directa del Estado sin crear nuevos gastos fiscales.
En la misma agenda legislativa, los diputados debatieron la transferencia de la competencia del fuero laboral nacional a la jurisdicción provincial. La propuesta, respaldada por el bloque peronista, busca que los conflictos laborales entre empleados y empleadores de la provincia se resuelvan ante los tribunales de la Provincia de Buenos Aires, en lugar de los tribunales federales. La iniciativa fue aprobada con 71 votos a favor y 10 en contra, mientras que algunos legisladores de la oposición advirtieron sobre la posible sobrecarga del sistema judicial provincial y la necesidad de asegurar recursos adicionales para su funcionamiento.
El cambio de competencia implica que las denuncias por incumplimientos de derechos laborales, despidos y reclamos salariales pasarán a ser atendidas por jueces provinciales. Según datos del Ministerio de Trabajo de la provincia, en 2022 se registraron más de 12.000 causas laborales, de las cuales el 38 % fueron resueltas en la jurisdicción federal. Las autoridades provinciales aseguran que la medida agilizará los procesos y permitirá una mayor cercanía con las partes involucradas.
Finalmente, la sesión concluyó con la aprobación de una sanción a la iniciativa de crear una calle en honor al fiscal Alberto Nisman en el barrio de Palermo. La propuesta, impulsada por un grupo de legisladores locales, buscaba nombrar una vía pública como “Calle Alberto Nisman” para reconocer su labor en la investigación del caso AMIA. La Legislatura concedió una sanción parcial, que limita la denominación a una placa conmemorativa en la zona, pero rechaza la señalización oficial de la calle. La votación quedó en 55 a favor, 30 en contra y 2 abstenciones.
La decisión generó reacciones encontradas. El diputado José Martínez, del bloque de la Coalición Cívica, calificó la medida como "un gesto simbólico que no debe convertirse en un conflicto político". En cambio, la diputada Carla Fernández, perteneciente al Frente de Todos, sostuvo que "el reconocimiento a Nisman es un paso necesario para honrar la memoria de quienes buscan la verdad".
En conjunto, la jornada legislativa refleja un intento de la provincia por abordar problemáticas de vivienda, justicia laboral y memoria histórica a través de cambios normativos. Las disposiciones aprobadas entrarán en vigor a partir del 1 de julio del próximo año, fecha en la que el Banco Ciudad deberá presentar su plan de asignación de recursos y los tribunales provinciales iniciarán la tramitación de los casos laborales bajo la nueva competencia. Los sectores involucrados, tanto institucionales como la sociedad civil, seguirán observando la implementación de estas medidas para evaluar su impacto real en la vida cotidiana de los porteños.
