Buenos Aires capta la mayor parte de los fondos discrecionales recortados

El recorte de los giros discrecionales a las provincias, una medida que el Ejecutivo justifica como defensa del superávit fiscal pactado con el FMI, produjo un ahorro de apenas 0,06 % del Producto Bruto Interno, según la consultora Analytica. En cifras, el Tesoro Nacional recaudó $107.987 millones en agosto y acumuló $798.839 millones en los primeros ocho meses del año. Del total, el Estado pagó $151.000 millones, dejando $647.839 millones disponibles para distribuir, pero sin que se conviertan en transferencias automáticas.

Ese margen de ahorro parece insignificante frente a la meta de superávit primario del 1,4 % del PBI que el Gobierno persigue para diciembre. Hasta agosto, el superávit primario acumulado alcanza el 1,1 % del PBI, y el superávit financiero totaliza $635.529 millones, impulsado por un superávit primario de $1.990.322 millones y el pago neto de intereses de la deuda pública de $1.354.793 millones. La pregunta que queda abierta es si la restricción de los giros no automáticos realmente contribuye de manera sustancial a cerrar la brecha del 0,3 puntos porcentuales que separa al país de la meta.

En el reparto que sí se realizó, la distribución fue altamente desigual. Según la consultora Politikon Chaco, Buenos Aires se llevó el 20,4 % del total, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 11,7 %, Entre Ríos 8,4 %, Córdoba 6,8 % y Santa Fe 6,6 %. En el extremo opuesto, Tierra del Fuego (0,4 %), Río Negro (0,4 %) y La Rioja (0,3 %) recibieron la mínima parte. La provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, recibió $164.790 millones, convirtiéndose en la principal beneficiaria de los fondos discrecionales.

Resulta paradójico que, a pesar del recorte general, la provincia opositora de Kicillof haya captado la mayor cuota. ¿Se trata de una negociación puntual que favorece a ciertos gobernadores, o simplemente de la capacidad de la provincia para presentar proyectos que cumplen los criterios del Ejecutivo? La falta de transparencia en los criterios de asignación deja espacio para la sospecha de un juego político de “billetera” que, según la propia fuente, se intensificó en 2025, año electoral, cuando el Gobierno “abrió la billetera” a gobernadores aliados.

El descenso de las transferencias no automáticas también se refleja en la caída interanual real del 66,4 % en agosto, comparada con el mismo mes de 2025. Analytica explica que parte de esa caída se debe a la exclusión de los fondos destinados a hospitales SAMIC, que dejaron de contabilizarse dentro de esta categoría. Sin esa exclusión, la reducción sería del 54,5 %. Además, la medida cautelar 1864/2022 impidió cualquier giro a la CABA durante agosto; en 2025 esa partida había representado el 37,6 % de los envíos de transferencias no automáticas, lo que explica gran parte del descenso.

En el rubro de transferencias corrientes, el Plan Nacional de Alfabetización absorbió el 55 % de los $55.394 millones distribuidos en agosto, seguido por las Transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados con un 27 %, que beneficiaron a Entre Ríos, La Pampa y Neuquén. En el sector de capital, el programa “Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica” concentró el 68,4 % de los $12.894 millones, destinando recursos a Santa Fe, Corrientes y Chaco; el segundo programa, “Producción Integral y Acceso al Hábitat”, se limitó a San Luis.

Frente a estos números, la narrativa oficial de austeridad fiscal se tambalea. El ahorro de 0,06 % del PBI es una fracción mínima frente al objetivo del 1,4 % y, sin una explicación clara de los criterios de distribución, la medida abre la puerta a cuestionamientos sobre la equidad y la lógica política detrás de los recortes. La sociedad merece saber si la restricción de los giros discrecionales es una herramienta eficaz de política fiscal o simplemente un mecanismo de presión sobre provincias opositoras, mientras la mayor parte del dinero sigue concentr