Camioneros amenazan con basureros si la ciudad no paga indemnizaciones

El próximo 5 de octubre se realizará, de forma virtual, la audiencia pública destinada a analizar los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. En esa instancia se decidirá cómo se otorgarán las concesiones que cubrirán el periodo 2028‑2038. Para el sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano y su hijo Pablo, el punto crítico es la ausencia de cláusulas que prevean el pago de indemnizaciones a los empleados del sector.

Según los anteproyectos, el contrato actual, firmado en enero de 2014 y prorrogado en 2020, vencerá el 30 de septiembre de 2028. Al término del mismo, el adjudicatario debe calcular las indemnizaciones del personal operativo y el Gobierno de la Ciudad debe abonar esos montos a la empresa para que ésta los pague a los trabajadores. En la última licitación, el ítem “Indemnizaciones Finales” estaba valorado en cerca de 200 millones de dólares, cifra que el sindicato considera indispensable para cubrir a los aproximadamente 6 000 recolectores que mantendrán su empleo durante los diez años siguientes al cambio de concesión.

Pablo Moyano ha puesto en alerta al gremio a partir de los pliegos publicados, indicando que protestará si las cláusulas de indemnización no aparecen. Además, advierte que la falta de una partida presupuestaria en la propuesta de 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, podría desencadenar una “lluvia de basura” en la capital a partir de octubre. La amenaza se basa en la práctica conocida como la “Ley Moyano”, una norma no escrita que, desde 1998, obliga a indemnizar a los trabajadores cada vez que una empresa gana una nueva concesión o cambia de accionistas.

La “Ley Moyano” no tiene respaldo jurídico; su fuerza proviene del poder de negociación del sindicato. Se originó con la finalización del contrato de la empresa Manliba y se consolidó durante la gestión de Mauricio Macri, cuando en 2012 se aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores en cada cambio de concesión. Desde entonces, la práctica se replicó en municipios como Avellaneda y Moreno, y en casos privados como la adquisición del supermercado Walmart por el Grupo Narváez en 2021, donde el sindicato exigió la doble indemnización a 500 empleados del centro de distribución.

En 2022, el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta enfrentó una presión similar al estatizar el sistema de grúas. El acuerdo final transfirió a 500 empleados a la empresa estatal SBASE, manteniendo el convenio colectivo y pagando indemnizaciones que alcanzaron casi 2 mil millones de pesos en total.

Jorge Macri heredó la jurisprudencia de la “Ley Moyano” y, en mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con llenar la ciudad de basura si no se indemnizaba a los 6 000 trabajadores al vencimiento de los contratos. La administración actual, sin embargo, sostiene que los contratos fueron prorrogados mediante actas de acuerdo en 2020, extendiendo su vigencia hasta septiembre de 2028, y que la prórroga respondió a la reducción de la coparticipación establecida por el gobierno nacional.

El debate se centra ahora en si el presupuesto