Caputo asegura que el 95 % de su patrimonio está fuera

El miércoles, el jefe de Economía, Sergio Caputo, confirmó que el 95 % de sus ahorros está depositado en el exterior, alcanzando la cifra de 12.400 millones de pesos (cerca de 70 millones de dólares al tipo oficial). En contraste, apenas 600 millones de pesos (unos 3,3 millones de dólares) permanecen en territorio nacional. La información surgió en una entrevista televisiva donde, además, se le solicitó que explicara su postura respecto a la campaña gubernamental que insta a los argentinos a “sacar los dólares del colchón” y repatriar los fondos.

La declaración, aunque breve, plantea una serie de interrogantes que van más allá de la mera cifra. Primero, la magnitud del patrimonio de Caputo resulta atípica para un funcionario público. Según datos de la AFIP, la mayoría de los empleados del sector estatal declara patrimonios que rondan los pocos millones de pesos; la brecha con los 12.400 millones es abismal. ¿Cómo se explica esa diferencia? ¿Se trata de ingresos previos a su llegada a la cartera, de inversiones privadas o de alguna otra fuente? La falta de detalle deja un vacío que alimenta la sospecha.

Segundo, el discurso oficial del Gobierno ha sido, en los últimos meses, una constante presión para que la población “repatrie” sus dólares, bajo la premisa de que los fondos internos pueden financiar reservas y estabilizar la balanza de pagos. La lógica es clara: si los ahorros están en el exterior, el país pierde capacidad de acceso a divisas. Sin embargo, el mismo ministro que impulsa esa medida mantiene la mayor parte de su propio patrimonio fuera del país. La contradicción es evidente y genera dudas sobre la credibilidad del mensaje. ¿ Por qué el gobierno no exige la misma conducta a sus altos cargos? ¿Hay alguna normativa que regule la ubicación de los ahorros de los funcionarios?

Tercero, la cifra de 600 millones de pesos en Argentina, si bien representa solo el 5 % del total, sigue siendo una suma considerable. No obstante, la proporción de repatriación es mínima frente a la magnitud global. En términos comparativos, la reserva oficial del Banco Central supera los 1.200 millones de dólares, y la mayor parte de esa liquidez proviene de exportaciones y acuerdos internacionales, no de fondos privados. Por lo tanto, la contribución del propio ministro al “bolsillo” nacional parece simbólica, más que sustancial.

Además, la transparencia en la gestión de los ahorros de los funcionarios es un tema recurrente en la política argentina. La Ley de Ética Pública obliga a declarar patrimonios y posibles conflictos de interés, pero la normativa no exige que los fondos estén dentro del país. Algunos legisladores han propuesto modificaciones para que los altos cargos mantengan al menos el 30 % de sus ahorros en pesos, como medida de alineación con la política macroeconómica. La declaración de Caputo revive ese debate, que hasta ahora había quedado en la sombra.

Otro punto que merece atención es la metodología de cálculo. Caputo citó el tipo de cambio oficial para traducir los 12.400 millones de pesos a dólares. En un contexto donde el mercado paralelo cotiza a casi tres veces ese valor, la cifra real en dólares podría ser mucho mayor. Si se aplicara el dólar blue, la cifra superaría los 200 millones de dólares. La ausencia de una aclaración sobre el tipo de cambio utilizado deja la puerta abierta a interpretaciones divergentes y complica la evaluación del impacto real.

En el plano político, la reacción de la oposición no se hizo esperar. Varios legisladores acusaron al ministro de “hipocresía” y pidieron que se abra una investigación para determinar si existen irregularidades en la forma en que se manejan esos fondos. Por su parte, el presidente Alberto Fernández defendió la postura de Caputo, argumentando que la ubicación de los ahorros es una decisión personal y que no afecta la política monetaria del Gobierno. Sin embargo, la defensa no disipó las dudas sobre la coherencia del mensaje oficial.

En cuanto a la población, la noticia llegó en medio de una fuerte inflación que supera el 150 % anual y una creciente escasez de dólares en el mercado oficial. La presión para “sacar los dólares del colchón” se ha traducido en protestas y en un clima de desconfianza hacia las autoridades económicas. La revelación de que el ministro, quien dirige la política que busca estimular la repatriación, mantiene la mayor parte de su patrimonio en el exterior, podría profundizar esa desconfianza.

Para cerrar, quedan varias preguntas sin respuesta: ¿Cuál es la procedencia exacta de los 12.400 millones de pesos? ¿Existen restricciones legales que impidan que Caputo transfiera esos fondos a Argentina en el futuro? ¿Se considerará alguna medida regulatoria que obligue a los altos funcionarios a alinear sus prácticas financieras con la política macroeconómica que promueven? Hasta que no haya una explicación detallada, la declaración del ministro seguirá alimentando la polémica y poniendo en entredicho la credibilidad de la campaña de repatriación de divisas.