Casi 60 % de la industria siente presión por competencia desleal
Una encuesta de la UIA revela que la mayor parte de las empresas percibe la entrada de productos sin trazabilidad ni certificación como una amenaza real. La falta de recursos en la Aduana y la escasa fiscalización alimentan la queja de los sectores productivos, que reclaman medidas urgentes.
El último informe de Indicadores Industriales y Expectativas de la Unión Industrial Argentina, basado en 628 respuestas, muestra que el 59,9 % de las empresas considera que la competencia desleal tiene un impacto alto o muy alto en su actividad. Ese porcentaje subió cinco puntos en un año, mientras el Monitor de Desempeño Industrial registra una caída de tres puntos en la última medición, con el 49,7 % de los encuestados reportando descenso en sus ventas internas.
La encuesta detalla que la reducción de ventas es la consecuencia más frecuente, citada por el 48,4 % de los participantes. A esto se suman la presión para bajar precios (15,2 %), la merma de la rentabilidad (13,3 %) y la pérdida de cuota de mercado (10,9 %). La raíz del problema, según los propios industriales, es la comercialización de productos a “precios artificialmente bajos”, señalada por el 50,7 % de los encuestados, acompañada de la falta de certificaciones (15,3 %) y de trazabilidad (13,8 %).
Los sectores más golpeados son los de metales comunes (88,2 % percibe alto impacto), textiles (84,6 %) y confecciones, cuero y calzado (76,2 %). Frente a este escenario, un tercio de las empresas (33,2 %) reclama reforzar los controles aduaneros; otros piden una fiscalización más rigurosa de la facturación (19,1 %) y una mayor supervisión del comercio electrónico (15,1 %).
El reclamo no proviene solo de la industria. El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) avisa que la Aduana dispone de menos recursos y de una infraestructura insuficiente para intensificar los controles. El gremio culpa a políticas de “debilitamiento, desinversión y desregulación”, y critica la gestión del Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, por recortes salariales y ajustes presupuestarios que, según el secretario Daniel Mallotti, limitan la incorporación de tecnología y la retención de personal técnico.
El caso de Formosa ilustra la magnitud del problema. Fabián Hryniewicz, presidente de la Cámara de Pymes de Formosa, asegura que comerciantes importan alimentos frescos y ropa desde Asunción, Ciudad del Este, Brasil y Bolivia para sortear costos de transporte que representan entre el 12 % y el 14 % del total facturado. “Se venden jeans a 35 000 o 40 000 pesos y remeras a 7 000 o 8 000, lo que desplaza a quienes cumplen con impuestos y traen productos de calidad”, denuncia. Además, señala que locales de 400‑500
