Caso de fake news de Estrada llega a la Corte Suprema

El martes la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que, además de ordenar la identificación de los titulares de cuentas anónimas usadas para difamar, admitió a trámite dos causas penales contra el exdiputado nacional Emiliano Estrada. La decisión se limitó a un conflicto de competencia entre distintos juzgados y no abordó el fondo de la investigación.

Según el expediente, la investigación involucró a tres tribunales: un juzgado de Garantías de Salta, el juzgado federal asentado en la misma provincia y el Juzgado Federal N.º 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del magistrado Sebastián Casanello. Tras varios intercambios de competencia, los enfrentamientos entre la justicia local y la federal, así como entre los dos juzgados federales, quedaron saldados. La causa provincial continúa su marcha y la investigación federal avanza bajo la órbita de Casanello. La Corte Suprema consideró “inoficioso” intervenir en el fondo porque la disputa era meramente jurisdiccional.

La denuncia que originó la causa se presentó el 16 de enero de 2025 en la justicia federal. El fiscal general, Carlos Martín Amad, acusó a Estrada de emplear fondos del Congreso para crear cuentas anónimas en TikTok y difundir “operaciones difamatorias” contra funcionarios, empresarios y periodistas. La acusación señala que dos asesores legislativos, contratados con recursos estatales, diseñaron y ejecutaron la campaña, que incluía videos anónimos que vinculaban al gobierno provincial de Salta con el narcotráfico.

En la justicia federal de Salta, la imputación formalizada en diciembre incluye los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios. La jueza federal de Garantías N.º 2, Mariela Giménez, dio lugar a la acusación del Ministerio Público Fiscal tras que la causa quedara estancada durante meses por los fueros parlamentarios que protegían a Estrada. El proceso solo pudo reactivarse tras el fin de su mandato el 10 de diciembre, cuando el pedido de desafuero presentado por Amad en junio dejó sin efecto la inmunidad.

Dos excolaboradores del exdiputado, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, confesaron el delito y fueron condenados en un juicio abreviado en la justicia provincial salteña. Estrada, que asistió a la audiencia de forma remota, no declaró y su defensa presentó un planteo de nulidad que fue rechazado. El fiscal Amad enfatizó que la cuestión no recae en la libertad de expresión política, sino en el desvío de recursos públicos para financiar campañas anónimas que buscan intimidar y manipular la opinión pública. La defensa, por su parte, alegó persecución política, argumento que el fiscal desestimó como infundado.

El mismo fallo de la Corte Suprema incluyó una orden para eliminar publicaciones en Facebook e Instagram que acusaban anónimamente a un estudiante universitario de abuso, y obligó a la empresa responsable a entregar la información disponible para identificar a los titulares de esas cuentas. Con ello, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sentaron un precedente sobre los límites de la libertad de expresión, el derecho al honor y la obligación de las plataformas de revelar la identidad de sus usuarios cuando se vulneran derechos.

Quedan varias incógnitas. La investigación federal aún no ha precisado cómo se rastrearán los fondos del Congreso que supuestamente pagaron a los asesores. Tampoco está claro si la Corte Suprema ampliará su intervención más allá del conflicto de competencia o si la decisión provocará cambios en la normativa sobre la inmunidad parlamentaria. Mientras tanto, la causa sigue avanzando en Salta y en la jurisdicción federal, y la opinión pública observa de cerca cómo se resuelve una acusación que, de confirmarse, revelaría un uso institucional de la desinformación para atacar a adversarios políticos.