Cierre de mitad de colegios deja 72 % de personal ausente en la provincia

En medio de la polémica por la marcha universitaria que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, el gobierno nacional volvió su mira a la gestión de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, denunció que la normativa de esencialidad, establecida en el artículo 101 de la Ley 27.802, no se habría respetado durante el paro docente.

Según el relevamiento que Torrendell mostró a Radio Mitre, se levantaron 417 actas en escuelas inspeccionadas. De esas, 205 instituciones —casi la mitad del total inspeccionado— estaban cerradas. Otras 82 escuelas, que representan el 20 % del conjunto, no permitieron el ingreso de inspectores. En el 31 % restante se pudo acceder, pero el personal que debía estar presente estaba ausente en un 72 %.

“Los directores tienen que estar y organizar cómo va a ser esa esencialidad”, insistió el secretario, señalando que la ley de esencialidad “pretende defender a los docentes que quieren dar clases y a todas las familias que tienen que poder llevar a los chicos a las escuelas”. En su intervención también acusó a Kicillof de “cogobernar con las cúpulas gremiales” y de priorizar la política partidaria sobre la educación.

La crítica se enmarca en la acusación de doble estándar: mientras el gobierno federal reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento universitario, según Torrendell, la provincia no aplicaría la normativa que regula los servicios mínimos obligatorios en conflictos colectivos. “Cuando se cogobierna con las cúpulas gremiales y se hace política educativa no pensando en los docentes o los chicos sino en la política partidaria, termina sucediendo lo que acabo de decir”, concluyó.

El funcionario también aludió a la presencia de “grupos de tarea” que, según él, atacan la democracia en la marcha universitaria, y afirmó que el gobierno busca “la paz” en el espacio público. Estas declaraciones se produjeron en el mismo contexto de denuncias cruzadas sobre incidentes en la marcha y sospechas de infiltraciones de servicios de inteligencia.

Quedan abiertas varias preguntas. La muestra de 417 actas, aunque numerosa, no indica si cubre la totalidad de las instituciones en la provincia o solo una parte seleccionada. Tampoco se especifica el criterio para definir “cierre” o “ausencia del personal”. Además, la cifra del 72 % de ausencias se refiere al personal que debía estar presente, pero no se detalla si incluye docentes, auxiliares o personal administrativo.

Por otro lado, la normativa de esencialidad exige una cobertura mínima del 75 % de la prestación normal del servicio. Si bien la mitad de las escuelas inspeccionadas estaban cerradas, no se indica cuánta cobertura se mantuvo en el resto, más allá del dato de ausencias. La falta de información concreta dificulta evaluar el alcance real del incumplimiento.

En síntesis, el gobierno nacional acusa a la gestión bonaerense de violar la Ley de Esencialidad mediante el cierre de la mitad de las escuelas inspeccionadas y la escasa presencia de personal docente. La denuncia se inserta en una disputa más amplia entre el Ejecutivo federal y la provincia, donde cada parte señala al otro un doble estándar en el cumplimiento de normas laborales y educativas. La polémica sigue abierta y, de confirmarse los datos, podría desencadenar nuevas tensiones políticas y legales en el ámbito educativo nacional.