Condenan a tercer sospechoso del robo millonario en Salta
Horacio Santiago Orellana recibió tres años de prisión condicional por su rol en el asalto a la vivienda de un comerciante de Metán. La sentencia, dictada por el juez Mario Dilascio, se produce casi dos años después del hecho y deja abiertas varias dudas sobre la gravedad del delito y la reparación a la víctima.
El juzgado de San José de Metán confirmó la pena contra Horacio Santiago Orellana, un tucumano que admitió haber actuado como coautor del robo perpetrado el 29 de octubre de 2024. En un juicio abreviado, el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, solicitó y obtuvo una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, acompañada de una serie de reglas de conducta que el acusado deberá respetar.
Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, Orellana formó parte de una banda que ingresó a la casa de un comerciante de Metán y se llevó dinero tanto en pesos como en moneda extranjera. La acusación encuadró el hecho como robo agravado en poblado y en banda, bajo el artículo 167, inciso 2, del Código Penal. Sin embargo, la información pública no detalla la suma exacta sustraída, lo que dificulta evaluar la proporcionalidad de la pena.
El caso se inscribe en una serie de condenas vinculadas al mismo robo. En julio del año pasado, dos miembros de la supuesta banda –Juan Pablo Lambertucci y Adrián Gustavo Albornoz– fueron sentenciados bajo acuerdos particulares que incluían la reparación del daño. Lambertucci recibió también tres años de prisión condicional, mientras que Albornoz obtuvo un año y medio bajo las mismas condiciones. En ambos casos, el comerciante afectado aceptó la propuesta de reparación, aunque no se especifica si se restituyó la totalidad del dinero sustraído.
La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones N.º 3 de Metán, que, según el fiscal, logró identificar a los responsables mediante el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. Un dato curioso señalado en la causa es que uno de los involucrados mantenía un vínculo de parentesco político con la víctima, aunque la noticia no aclara si esa relación influyó en el acuerdo de reparación.
A la luz de estos hechos, surgen varias preguntas sin respuesta. Primero, la decisión de otorgar penas condicionales en un delito calificado como “doblemente agravado” plantea interrogantes sobre la política penal local y la consistencia de las sanciones. Segundo, la ausencia de cifras concretas sobre el monto robado impide juzgar la adecuación de la reparación ofrecida por la víctima. Por último, el hecho de que el comerciante haya aceptado un acuerdo privado sin que se haga público el detalle de la compensación deja en el aire la percepción de justicia para la comunidad.
En conjunto, la sentencia a Orellana cierra un capítulo judicial, pero la falta de datos claros y la aparente discrecionalidad en la imposición de penas condicionales mantienen la discusión abierta sobre la efectividad del proceso penal en casos de robos de alta cuantía en la región. La causa sigue abierta a posibles nuevas imputaciones, según indican las autoridades, lo que sugiere que la investigación aún podría arrojar más nombres o esclarecer aspectos aún oscuros del hecho.
