Consejo de Ministros se retrasa por la disputa del decreto de vivienda
La sesión que debía arrancar a las 9:30 quedó en espera hasta después de las 10:00 mientras PSOE y Sumar discuten el borrador. La demora ocurre en medio de una acampada en la Puerta del Sol y protestas en Zaragoza y Mataró, que exigen respuestas inmediatas al brote de desalojos.
El Gobierno había convocado a las 9:30 de la mañana el Consejo de Ministros para aprobar un Real Decreto‑ley que pretende “paliar la emergencia habitacional”. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo confirmaron poco antes de las 10:00 que la reunión aún no había comenzado. La causa del retraso son las negociaciones entre los socios de la coalición, PSOE y Sumar, que pasaron toda la noche sin cerrar un acuerdo sobre los términos del texto.
Sumar había amenazado la semana pasada con no acudir al Consejo si el Ejecutivo no incluía un paquete de medidas “efectivas” frente a la crisis de la vivienda. La madrugada de hoy el bloque envió al PSOE una nueva propuesta de borrador, en un último intento por acercar posiciones antes de que el decreto llegue a la sala de ministros. La falta de consenso obliga a posponer la votación, pese a la agenda que indicaba una duración de menos de una hora.
Mientras los políticos discuten el contenido del proyecto, la calle muestra la urgencia que el texto pretende abordar. En la Puerta del Sol, la acampada convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid sigue repleta, a la espera de escuchar qué decidirá el Consejo. El reclamo se originó tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía de alquiler en el Retiro durante setenta años. Su caso desencadenó movilizaciones en varios puntos del país y se ha convertido en símbolo de la crisis.
En Zaragoza, alrededor de cincuenta personas se concentraron en la calle Orense para intentar frenar el desalojo de Esmeralda y su hija de 11 años. La familia, víctima de violencia de género, enfrenta el lanzamiento del desahucio a las 10:00 por impago de una vivienda particular. La activista Concha Cano explicó que los ingresos de Esmeralda cayeron de 1.200 a 500 euros mensuales tras la salida de una de sus hijas, lo que dejó pendiente la revisión de su ingreso mínimo vital. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales no ha vuelto a valorar su caso, argumentando que ya había sido evaluado. Cano insiste en que el objetivo no es detener el desalojo, sino que alguna administración, presumiblemente la del Gobierno de Aragón, ofrezca una alternativa habitacional antes de que la familia quede sin techo.
Al mismo tiempo, en Mataró (Barcelona) los Mossos d’Esquadra desalojaron a una familia vulnerable de siete miembros, entre ellos un hombre con 87 % de discapacidad y un niño autista. La vivienda pertenece a un fondo de inversión que, según denunció el Sindicato de Vivienda de Mataró, se negó a negociar la permanencia de los inquilinos. La policía desplegó varios furgones desde las 06:30 h para garantizar el desalojo, pese a la concentración de vecinos y activistas que intentaron frenar la operación. Un segundo desalojo está programado en la calle Colòmbia, donde otra familia con menores también carece de alternativa residencial.
El decreto que se discute incluye una serie de medidas: protección ante los desahucios, prohibición
