Corte recibe pedido para ampliar su fallo de tierras a comunidades mapuches

El máximo tribunal de la Nación recibió, en los últimos días, una solicitud formal para que aclare el alcance del fallo que declaró la derogación de la Ley de Tierras. La cuestión central es si esa decisión, que ya había generado debate sobre la venta de tierras a extranjeros, se extiende a los derechos de las comunidades mapuches y a las organizaciones que defienden el medio ambiente, cuyo amparo judicial sigue pendiente.

La petición, presentada por un conjunto de actores vinculados a la defensa del territorio, plantea que la ausencia de una respuesta clara deja un vacío legal que podría facilitar la transferencia de tierras a intereses foráneos. “Si la Corte no define si su fallo protege a los mapuches, se abre la puerta a la compra de tierras que ellos reclaman como propias”, se lee en el documento, aunque el texto no brinda más detalles sobre quiénes firmaron la solicitud ni el momento exacto de su presentación.

Al mismo tiempo, la noticia destaca que un juez rechazó una medida precautelar interpuesta por dos diputados. La medida buscaba, según los legisladores, detener una posible vulneración de los derechos territoriales mientras se resolvía la cuestión ante la Corte. El rechazo, sin embargo, no incluyó una explicación pública de los fundamentos legales que motivaron la decisión, lo que alimenta la incertidumbre sobre los criterios que la justicia está aplicando en estos casos.

La presión sobre la Corte se enmarca en un contexto de creciente preocupación social por la “extranjerización” de la tierra. Diversas voces han señalado que la ausencia de una normativa clara favorece la concentración de la propiedad en manos de inversores extranjeros, a expensas de comunidades originarias y de la preservación ambiental. La falta de una respuesta definitiva por parte del máximo tribunal deja sin barrera legal a quienes promueven la venta de parcelas agrícolas y forestales a capitales externos.

Sin embargo, la propia Corte no ha emitido pronunciamientos que aclaren si su fallo sobre la Ley de Tierras contempla la protección de los derechos colectivos de los mapuches o de las ONG ambientales. La ausencia de una respuesta oficial plantea varias interrogantes: ¿Cuál es la interpretación que la justicia está adoptando respecto a la titularidad colectiva? ¿Qué criterios se están considerando para determinar si la derogación de la ley implica la pérdida de garantías para estos grupos? Y, sobre todo, ¿por qué la medida cautelar de los diputados fue rechazada sin una justificación pública que permita entender la lógica judicial?

La falta de transparencia en el proceso alimenta la percepción de que la justicia está operando bajo presiones políticas y económicas. Mientras tanto, los mapuches y las organizaciones ambientales continúan sin una vía clara para defender sus reclamos, lo que podría traducirse en una mayor vulnerabilidad frente a proyectos de inversión que no consideran sus derechos ni la conservación del territorio.

En definitiva, la solicitud de ampliación del fallo y el rechazo a la medida precautelar evidencian una brecha institucional que necesita ser cerrada con rapidez. La ciudadanía y los grupos afectados esperan una respuesta concreta de la Corte que defina los límites de la extranjerización y garantice la protección de los derechos colectivos, antes de que la incertidumbre se convierta en una regla de facto para la compra de tierras en Argentina.