Corte Suprema confirma ocho años de cárcel a exgobernador Urribarri
Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario y dejaron firme la condena por peculado y negociaciones incompatibles. Además, la sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró definitivamente la causa contra Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, al rechazar por inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por su defensa. Con la decisión de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la sentencia de ocho años de prisión y la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos quedaron confirmadas.
Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná a ocho años de reclusión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En el mismo proceso, el exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Báez, y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario, recibieron seis años cada uno. La acusación se centró en la dirección de contrataciones de publicidad oficial, que según la investigación del diario NA, fueron utilizadas para fines particulares y beneficiaron a empresas vinculadas a Aguilera, quien habría encabezado un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta estatal en vía pública.
Entre los hechos probados se encuentran la adjudicación de pauta a la empresa Global Means antes de que existiera legalmente, la gestión durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL, y la denominada “megacausa del Sueño Entrerriano”. La investigación también señaló la instalación de un parador en Mar del Plata, cuyo costo ascendió a 14 millones de pesos de la época, y el pago a la productora Nelly Entertainment por la difusión de tres spots vinculados formalmente a la Cumbre del Mercosur de 2014, celebrada en Paraná.
Tras la sentencia de primera instancia, el Tribunal de Casación de Entre Ríos la confirmó en 2023 y el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de la defensa. La última oportunidad de la defensa fue el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que la autoridad máxima consideró inadmisible. Con ello, la condena quedó firme y no cabe apelar.
Durante el proceso, Urribarri estuvo detenido 50 días. La medida se tomó en noviembre de 2024, cuando la Casación provincial ordenó su prisión preventiva por riesgo de fuga. La detención fue revocada en enero de 2025 por la Sala de Feria del mismo tribunal, lo que le permitió permanecer en libertad mientras se resolvían los últimos recursos.
El exgobernador, que dirigió la provincia entre 2007 y 2015, continuó su carrera política como legislador provincial y, en 2020, fue designado embajador de Argentina en Israel. Renunció al cargo diplomático en 2022 tras conocerse la condena en primera instancia, y desde entonces ha mantenido una postura de defensa que culminó en el recurso ante la Corte Suprema.
La decisión de la Corte Suprema no solo ratifica la pena de prisión, sino que también impone la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público. Este elemento, previsto en la sentencia original, busca evitar que figuras condenadas por corrupción vuelvan a ocupar puestos de poder.
El caso de Urribarri se inscribe dentro de un panorama más amplio de investigaciones sobre la malversación de fondos públicos en Entre Ríos. En los últimos años, la justicia provincial ha avanzado en la detección de esquemas de adjudicación irregular de publicidad oficial, una práctica que, según los fiscales, había permitido a funcionarios desviar recursos estatales hacia empresas afines a sus intereses personales.
Con la sentencia ahora firme, la ejecución de los ocho años de prisión dependerá de los procedimientos de traslado a la unidad penitenciaria correspondiente. Mientras tanto, la inhabilitación perpetua quedará registrada en el expediente judicial, impidiendo a Urribarri postularse a cargos electos o ser designado en posiciones de la administración pública.
La resolución de la Corte Suprema cierra una etapa judicial que se extendió por más de tres años, y marca un precedente en la lucha contra la corrupción en la gestión de la publicidad estatal. La noticia ha generado reacciones en el ámbito político provincial, aunque, como exige la normativa, la cobertura se mantiene centrada en los hechos y en la aplicación de la ley.
