Corte Suprema definirá juez y marcará futuro de investigaciones contra la AFA

La causa que investiga la compra de una mansión de 105 mil metros cuadrados en Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fiscal general, Mario Villar, interpuso un recurso de queja con el objetivo de que el máximo tribunal revoque el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había asignado la investigación al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Villar sostiene que la causa debe tramitar en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. Su argumento se basa en que la supuesta maniobra de lavado de dinero tiene una dimensión que supera el mero hecho de que la propiedad está ubicada en Pilar; la hipótesis central es que la casa se compró con fondos de la AFA, cuya sede está en la capital. Por el contrario, la defensa de los propietarios de la mansión – Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, titular de la empresa “Real Central” – insiste en que la jurisdicción corresponde al juzgado de Campana porque allí se ubica la propiedad.

Desde que la causa se abrió en diciembre pasado, la disputa sobre el juez competente ha pasado por catorce magistrados, sin que se haya definido una autoridad “natural”. La causa ha saltado entre distintos tribunales: inicialmente estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, luego del magistrado penal económico Marcelo Aguinsky, después volvió a González Charvay, volvió al penal económico y, finalmente, regresó a Campana, donde se encuentra actualmente.

En la investigación se encontró una serie de elementos que vinculan a Toviggino con la propiedad: objetos personales del tesorero, 54 autos de lujo y colección con autorizaciones para familiares del dirigente y una tarjeta corporativa de la AFA utilizada por Pantano para pagar los Telepase de los vehículos. La propiedad está a nombre de Pantano y su madre, pero la fuente indica que ninguno de los dos posee la capacidad económica declarada para adquirir un inmueble de esas dimensiones.

Villar calificó de “arbitrario” el fallo de Casación que había asignado la causa a Campana, argumentando que se tomó en cuenta solo el lugar donde está la propiedad y no la complejidad del entramado societario que tendría sede en la Ciudad de Buenos Aires. Además, advirtió que el juez de Campana ya lleva varios expedientes contra la AFA y que concentrar tantos casos en un mismo tribunal podría producir una forma de “forum shopping”, es decir, la elección estratégica de la jurisdicción más conveniente.

El fiscal también subrayó que la causa reviste “interés institucional” porque la AFA es un ente de “indudable e indiscutible interés de la comunidad”. Según él, esa característica justifica la intervención de la Corte Suprema para garantizar la tutela de la garantía constitucional del juez natural.

La Corte Suprema será la última instancia que decidirá qué juzgado intervendrá. Una vez dictada la resolución, no habrá más discusión judicial sobre la competencia. La decisión también tendrá repercusión en otros expedientes que involucran a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por el manejo de fondos.

Quedan abiertas varias preguntas: ¿qué criterios aplicará la Corte para definir la jurisdicción, y cómo garantizará que no se convierta en una herramienta para favorecer a una de las partes? ¿Puede la acumulación de causas contra la AFA en un mismo tribunal afectar la imparcialidad del proceso? La respuesta de la Corte Suprema será determinante para el futuro de la investigación y para la percepción pública de la independencia judicial en casos que involucran a instituciones de alto perfil.