La Corte Suprema habilitó seguir con el muro en Big Bend

Este lunes la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una resolución de cinco páginas que ordena suspender de forma cautelar el bloqueo impuesto por un tribunal de distrito de Texas y autoriza al Gobierno a retomar la construcción del muro y la instalación de equipos de vigilancia en la zona occidental de la frontera con México. La decisión se refiere al tramo que atraviesa el parque nacional Big Bend, una área protegida de más de 324.000 hectáreas que alberga especies amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.

Los demandantes, organizaciones conservacionistas que presentaron la causa en abril, alegaron que el Gobierno violó la Constitución al eximir la obra del cumplimiento de decenas de leyes para acelerar la construcción de barreras fronterizas. En su fallo, la Corte Suprema sostuvo que la orden del tribunal inferior impedía al Gobierno avanzar en sus “intereses apremiantes” de seguridad e integridad fronteriza, y afirmó que “el interés del Gobierno pesa más que cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes”.

El conflicto gira en torno a la autoridad del secretario de Seguridad Nacional para invocar la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA), que permite sortear normas medioambientales en “áreas de alta entrada ilegal”. Meses antes, el tribunal texano había bloqueado las exenciones firmadas por la Administración, argumentando la falta de una “clara autorización del Congreso”. La Corte Suprema, sin embargo, interpretó que la ley ya establece una “clara preferencia por la construcción expedita”.

El Centro para la Diversidad Biológica, una de las organizaciones demandantes, rechazó de inmediato la decisión. “El Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos”, declaró Laiken Jordahl, y agregó que los jueces “están dando el visto bueno a la destrucción permanente del lugar más salvaje de Texas”. El sector de Big Bend, que cubre 832 kilómetros de frontera, registra entre los menores índices de cruces irregulares, lo que plantea la pregunta de si la urgencia de seguridad justifica el impacto ambiental que la propia Corte minimiza.