Corte Suprema podría devolver límites a tierras rurales. Decisión del viernes afectará compras de extranjeros

La Corte Suprema de Justicia anunció que este viernes se reunirá en sesión extraordinaria para abordar el expediente que podría volver a poner en discusión la derogación, mediante el DNU 70/2023, de la Ley 26.737. Esa norma, vigente hasta hace pocos meses, establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros; su eliminación fue una de las primeras decisiones del presidente Javier Milei.

El caso fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Todas ellas cuestionan la constitucionalidad del artículo 154 del decreto, que permitió la derogación sin pasar por el Congreso. La causa lleva pendiente una medida cautelar que, de concederse, reinstauraría de manera provisional las restricciones que regían antes del DNU.

En los últimos días el tribunal redujo drásticamente el plazo para incorporar a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, pasando de 72 a 24 horas. La urgencia de esa decisión sugiere que la Corte quiere dejar el expediente “en condiciones de avanzar hacia una nueva resolución”, según la propia información de la judicatura. Sin embargo, la falta de explicación sobre por qué se acelera el proceso deja dudas: ¿existe presión política para resolver el tema antes de que se consoliden nuevas compras de tierras? ¿O se trata de una estrategia para evitar que la medida cautelar se dilate?

El voto de los tres magistrados que integran actualmente la Corte – Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti – no ha sido divulgado. La ausencia de una posición común entre ellos fue la razón para sortear a los nuevos conjueces, pero la noticia no aclara cuál es la postura individual de cada uno respecto a la derogación. Sin esa información, el público no puede anticipar si la decisión será favorable a los demandantes o si mantendrá la línea del gobierno.

Otro punto crítico es la escasez de datos concretos sobre el impacto real de la derogación. Ni la fuente ni otras coberturas indican cuántas tierras rurales fueron adquiridas por extranjeros tras la eliminación de la Ley 26.737, ni cuál sería el alcance de una posible restitución de los límites. La falta de cifras dificulta evaluar la magnitud del problema que la Corte está llamada a resolver.

Por su parte, el gobierno de Milei no ha emitido declaraciones oficiales sobre la convocatoria ni sobre la medida cautelar pendiente. La ausencia de una respuesta pública alimenta la sospecha de que la administración prefiere dejar que el poder judicial tome la iniciativa, aunque eso no elimina la necesidad de transparencia sobre los criterios que guiarán la decisión.

En definitiva, la audiencia de este viernes concentra varios interrogantes sin respuesta: la razón exacta de la aceleración procesal, la posición de los magistrados clave, el alcance real de la derogación y la posible repercusión en la tenencia de tierras rurales. La Corte tiene la autoridad para reinstaurar, aunque sea temporalmente, las restricciones que el DNU eliminó, pero la falta de información clara sobre los argumentos y los datos de fondo deja a la ciudadanía a la espera de una decisión que podría marcar un punto de inflexión en la política agraria del país.