Cortes totales en la Libertador hasta el 14 de noviembre por la visita papal

El sumo pontífice León XIV anunció su visita a Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y la Ciudad de Buenos Aires respondió con una serie de operativos logísticos y de gestión. Las restricciones de tránsito empiezan el sábado 24 de octubre y se prolongan hasta el 14 de noviembre, concentrándose en la avenida del Libertador.

El primer corte total se producirá el sábado 24 de octubre, de madrugada a la mañana, entre la avenida Colombia y la avenida Sarmiento, para instalar estructuras vinculadas a la visita papal. El martes 3 de noviembre habrá cortes parciales en el mismo tramo, de la mañana a la noche, manteniéndose habilitados dos carriles en cada sentido. A partir del miércoles 4 de noviembre y hasta el sábado 14 de noviembre se aplicarán cortes totales progresivos entre la avenida Olleros y la calle Ugarteche, también desde la madrugada.

Paralelamente, la obra del Anillo Pampa obliga a cerrar totalmente la avenida Lugones entre las avenidas Udaondo y de los Ombúes la noche del viernes 23 de octubre hasta la mañana del sábado 24, y nuevamente la noche del sábado 24 hasta la mañana del domingo 25. Durante el fin de semana del 23‑25 de octubre la calzada de Lugones se reducirá a la altura de la avenida La Pampa, continuándose los trabajos del Paso Bajo Nivel y el Anillo Peatonal La Pampa.

Para mitigar los inconvenientes, el gobierno porteño difundió un esquema de desvíos: los conductores pueden usar las avenidas del Libertador o Cabildo y acceder a Lugones y la autopista Illia por las avenidas de los Ombúes, Dorrego o Sarmiento. La Ciudad informó que los cortes y desvíos son parte del operativo para montar estructuras y realizar actos públicos durante la visita papal.

Quedan sin responder preguntas clave: no se especifica cuántos usuarios se verán afectados ni qué medidas de compensación o información en tiempo real se ofrecerán. Tampoco se detalla cómo se coordinará el tránsito de emergencias en los tramos totalmente cerrados. La falta de esos datos deja abierta la evaluación del costo real para los ciudadanos.