Delincuencia en Ceuta se dispara 60 % tras oleada migratoria

Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), confirmó este martes que la delincuencia en Ceuta habría crecido un 60 % desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, en comparación con los meses de agosto y septiembre del año pasado. La declaración se realizó en una entrevista para Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, y se basó en una “posible” tendencia que, según el propio magistrado, justifica el refuerzo de los juzgados.

El dato del 60 % es el único número que respalda la alarma del TSJA, pero la fuente no detalla qué tipos de delitos se incluyen, cuál es la metodología de cálculo ni quién realizó el conteo. La falta de precisión abre la puerta a preguntas: ¿se trata de delitos contra la propiedad, agresiones, o infracciones menores? ¿Se comparan los mismos indicadores de ambos períodos o se han modificado los criterios de registro? Sin respuestas, la cifra queda en el terreno de la percepción más que de la evidencia.

Ante la supuesta escalada, el TSJA duplicó la plantilla del Juzgado número 4, que tiene competencia en violencia sobre la mujer. La ampliación de personal judicial se limitó a ese sector, sin mencionar refuerzos en otras áreas penales que podrían estar también afectadas. Del Río señaló que el “problema” de Ceuta no es judicial sino “humanitario, social y político”, y que la Justicia no puede intervenir directamente. Esa afirmación genera una contradicción interna: mientras se refuerza un juzgado para atender posibles delitos, se declara que la justicia no tiene rol en la solución del conflicto que, según el propio presidente, está impulsando la criminalidad.

Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, extendió un mensaje de solidaridad a Ceuta, describiendo la situación como “difícil, compleja, insoportable” tras el “asalto masivo de personas en su frontera” a finales de julio. La fiscal subrayó que la ciudad “no tiene ni capacidad para soportar este problema” y exigió una “decisión rápida, urgente, del Gobierno y de organismos internacionales”. Además, informó que el 31 de julio se tramitaron refuerzos de tres fiscales y de funcionarios, y que mantiene contacto permanente con sus colegas en la ciudad.

El contraste entre la ampliación de la plantilla judicial y la declaración de que la Justicia no puede resolver el conflicto plantea dudas sobre la estrategia institucional. Si el aumento de la delincuencia está ligado a la llegada de inmigrantes, ¿por qué la respuesta se concentra en un juzgado especializado en violencia de género y no en unidades de instrucción penal más amplias? ¿Se están priorizando recursos de forma coherente con la naturaleza del supuesto incremento delictivo?

Otra incógnita es la ausencia de datos oficiales que respalden la afirmación del 60 % de aumento. Ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional han publicado cifras que corroboren la cifra citada por el TSJA. Sin esa corroboración, la declaración de Del Río puede percibirse como una señal de alarma que, sin sustento público, dificulta la evaluación objetiva del problema.

En el plano político, la fiscal Tárrago pide una intervención del Gobierno y organismos internacionales, pero la nota no indica si existen ya propuestas concretas ni qué medidas se están considerando. La falta de información sobre planes de acogida, gestión de la frontera o recursos sociales deja al lector con la sensación de que la respuesta institucional sigue siendo más declarativa que operativa.

En definitiva, la afirmación de un aumento del 60 % en la delincuencia de Ceuta se presenta sin los números que la sustenten, mientras que la respuesta judicial se circunscribe a un único juzgado. La falta de datos claros y la contradicción entre la necesidad de intervención judicial y la imposibilidad declarada de la Justicia para abordar el problema generan más preguntas que respuestas. El debate sobre quién debe asumir la carga —el poder judicial, el ejecutivo o la comunidad internacional— sigue abierto, y la población ceutí continúa esperando medidas concretas y verificables.