Denuncian abuso a asesor de De Loredo, víctima entre 3 y 14 años

Una denuncia pública señala a Omar Ludueña, conocido como “Manotas”, como autor de abusos sexuales contra una mujer que relata haber sufrido los hechos entre los tres y los catorce años de edad. La acusación, que ya está bajo investigación en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 2.º Turno, coloca de nuevo a la Legislatura de Córdoba en el centro de la polémica.

Ludueña no es un simple externo. Ingresó a la Unicameral el 10 de diciembre de 2011 como asistente legislativo, a solicitud del bloque de la UCR y, según la documentación interna, bajo la presión del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo. Posteriormente pasó a formar parte de la planta permanente y figura en el listado oficial como Auxiliar Principal. El mismo registro confirma que, desde el 1 de febrero de 2024, la Dirección de Capital Humano le asignó la oficina de Alejandra Ferrero, una de las “espadas” de De Loredo, con la firma de Ferrero como responsable del destino.

Tras la difusión de la denuncia, Ferrero solicitó a la vicegobernadora Myriam Prunotto que “arbitre las medidas para el apartamiento de las funciones” de Ludueña. La petición sugiere que la oficina intentó, al menos formalmente, distanciar al acusado del entorno de trabajo, aunque no se conocen los resultados de esa gestión.

El bloque Hacemos Unidos por Córdoba, que recién superó la crisis interna del “Cañito” Flores, presentó un pedido de informes que obliga a la Legislatura a detallar cuándo ingresó Ludueña, quién solicitó su contratación, cómo se produjo su pase a planta permanente y qué cambios se registraron después. El objetivo del bloque es dejar al descubierto la relación directa entre el asesor y De Loredo, y poner en evidencia la continuidad de una carrera política vinculada a la UCR.

El caso vuelve a resonar en la arena política porque el peronismo ya ha usado la “jurisprudencia Cañito Flores” como referencia para presionar a los radicales. En esa causa, Alejandra Ferrero tomó licencia tras la detención de su exasesor José Villarreal por abuso sexual de menores, y renunció pocas horas después. La estrategia actual parece buscar que Ferrero sea nuevamente apartada, esta vez como responsable de haber cobijado a Ludueña en su oficina.

Por su parte, la concejala radical Elisa Caffaratti, que conoce a Ludueña por su trabajo territorial y también está vinculada al espacio de De Loredo, declaró haber tomado conocimiento de la denuncia directamente de la denunciante y haber presentado una solicitud judicial para que los hechos queden en manos de la Fiscalía.

Quedan varias incógnitas. ¿Por qué la asignación de Ludueña a la oficina de Ferrero se realizó en pleno 2024, cuando la denuncia se refiere a hechos ocurridos hace más de una década? ¿Se realizaron antecedentes o verificaciones de índole penal antes de ese traslado? La solicitud de Prunotto a “arbitrar” la medida de apartamiento tampoco aclara si hubo una decisión concreta o si la presión política quedó en el aire.

Mientras la causa avanza en la Fiscalía, la presión sobre De Loredo y su entorno se intensifica. Los bloques parlamentarios deberán definir si apoyan la investigación o intentan minimizar su impacto. En cualquier caso, la denuncia reabre el debate sobre los mecanismos de control interno en la Legislatura y la responsabilidad política de quienes, directa o indirectamente, facilitan la permanencia de funcionarios bajo sospecha de delitos graves.

La investigación sigue su curso; la respuesta institucional y la postura de los partidos determinarán si este escándalo se traduce en cambios reales o en otro episodio más de la crónica de impunidad que ha marcado a la política cordobesa en los últimos años.