Detienen al padre de oficial naval tras 20 años en EE.UU.
Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida terminó con la detención del progenitor de un suboficial de la Marina, a pesar de que llevaba dos décadas con permiso de trabajo, número de Seguro Social y licencia de conducir. La familia denunció la medida mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la acción forma parte de una política de cumplimiento de la ley migratoria.
El pasado miércoles, agentes del ICE llevaron a cabo una redada en el condado de Hillsborough, en el sur de Florida, que terminó con la captura de Carlos Martínez (45), padre de un suboficial de la Marina de los Estados Unidos. Martínez, inmigrante guatemalteco, llegó al país en 2003 y, desde entonces, había trabajado como técnico de mantenimiento en una empresa de construcción, siempre con un permiso de trabajo vigente, número de Seguro Social y licencia de conducir. La detención se produjo en el marco de una operación que, según el propio ICE, buscaba identificar a personas sin estatus legal en el territorio nacional.
Los agentes interceptaron a Martínez cuando se dirigía a su trabajo. Al presentarse, el hombre mostró su autorización de empleo (EAD), su tarjeta de Seguro Social y su licencia de conducir, documentos que, según la familia, “no dejaron de ser válidos”. Aun así, los oficiales procedieron a detenerlo y lo trasladaron a la instalación de detención de ICE en Tampa, donde quedó bajo custodia a la espera de una audiencia de inmigración.
El hijo de Martínez, Suboficial Segundo José Martínez, sirvió en la Marina desde 2015 y había sido ascendido a la posición de suboficial en 2022. Al enterarse de la detención, el suboficial solicitó una audiencia urgente con la cadena de mando de la Marina. “Mi padre siempre cumplió con sus obligaciones laborales y tributarias. Esta situación afecta a mi familia y a mi capacidad para desempeñar mi labor en la Armada”, declaró en un comunicado a la prensa.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de su portavoz, respondió que la detención se realizó bajo la normativa vigente y que la presencia de un permiso de trabajo no garantiza inmunidad frente a la acción migratoria. “El ICE está obligado a cumplir con la legislación de inmigración, que incluye la detención de personas cuya situación migratoria sea objeto de revisión, aun cuando posean documentos de autorización de empleo”, explicó la autoridad.
El caso vuelve a poner en el foco la política de aplicación de la ley migratoria que ha cobrado fuerza bajo la administración actual. Según datos publicados por el propio ICE, en el último año se han realizado más de 150 000 detenciones en todo el territorio estadounidense, de las cuales un 35 % corresponden a personas con algún tipo de autorización de trabajo. En Florida, el número de operativos se ha incrementado un 22 % respecto al año anterior, concentrándose mayormente en los condados de Miami‑Dade, Broward y Hillsborough.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la American Immigration Council, calificaron la detención como “un ejemplo de la vulnerabilidad de los residentes legales temporales”. La entidad subrayó que la normativa permite a las autoridades migratorias solicitar la detención de cualquier persona que haya infringido alguna condición de su estatus, aunque la legislación no siempre sea clara respecto a la necesidad de demostrar un delito o una violación sustancial.
En la audiencia que se celebrará el próximo lunes ante el Juez de Inmigración del Distrito de Florida, el abogado de la familia, el licenciado Alejandro López, argumentará que la detención de Martínez es “desproporcionada” y que la existencia de un permiso de trabajo válido debería excluirlo de cualquier acción de deportación. “El cliente ha contribuido a la economía local durante dos décadas, paga impuestos y mantiene una vida estable. La medida no solo vulnera sus derechos, sino que también genera un precedente peligroso para miles de trabajadores migrantes en situación regular”, sostuvo López.
Mientras tanto, la Marina ha emitido una nota interna en la que se indica que el suboficial Martínez continuará desempeñando sus funciones, pero que se le brindará apoyo logístico y legal para enfrentar el proceso migratorio de su padre. “Nuestro compromiso es con la integridad de nuestros miembros y con sus familias, sin interferir en los procesos judiciales que correspondan”, se lee en el documento.
La familia de Martínez, que vive en Tampa con la madre y tres hijos menores, ha recurrido a una campaña de apoyo en redes sociales bajo el hashtag #LiberenAMartínez. Hasta la fecha, la publicación ha acumulado más de 12 000 interacciones y ha generado la firma de varios congresistas locales que solicitaron al DHS una revisión del caso.
El episodio reaviva el debate sobre la coherencia entre la política de seguridad nacional y la protección de los derechos de los inmigrantes con estatus legal. Por un lado, el gobierno federal argumenta que la aplicación rigurosa de la ley es necesaria para controlar la inmigración irregular; por otro, grupos de la sociedad civil señalan que la práctica puede afectar a ciudadanos que ya están integrados y contribuyen al país.
En los próximos días, se espera que el tribunal emita una decisión provisional sobre la custodia de Martínez. De mantenerse la detención, el caso podría escalar a instancias superiores y convertirse en un referente para futuros litigios sobre la protección de los permisos de trabajo frente
