Diputados debaten ley de soberanía y el polémico Consejo de Seguridad

El debate comenzó en la comisión de Defensa Nacional con la presencia de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, Paula Tadei, y del secretario legal del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija. La iniciativa, presentada el 17 de septiembre, será revisada también por las comisiones de Legislación Penal y Relaciones Exteriores, todas presididas por libertarios: Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. Según el oficialismo, la discusión informativa de hoy es solo la primera fase; la segunda reunión está prevista para el 6 de octubre y el proyecto debería llegar al recinto el 21 de octubre.

El gobierno confía en contar con los votos necesarios, pero sectores de la oposición ya avisan que la propuesta contiene “puntos críticos”. El primer foco de controversia es la creación de un Consejo de Seguridad que definirá la Política de Seguridad Nacional. El cuerpo reuniría al Presidente, al Jefe de Gabinete, a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, al Secretario de Inteligencia de Estado y a la Secretaría Legal y Técnica. Desde el peronismo, representado por Agustín Rossi, se rechaza la fórmula al estilo norteamericano, argumentando que la composición del consejo podría vulnerar la independencia de la política exterior y acercar a la Argentina a una alineación con Estados Unidos.

Otro punto que genera inquietud es la reforma del Código Penal. La norma propone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, “por cuenta o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero”, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación. La falta de una definición clara de “campañas coordinadas” deja abierta la posibilidad de interpretaciones amplias y, potencialmente, de judicializaciones de actividades de prensa o de organizaciones de la sociedad civil.

En el capítulo I de la propuesta se plantea la derogación de la Ley 26.659, que regulaba las sanciones por la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La nueva redacción ampliaría esas sanciones a cualquier recurso natural explotado sin autorización argentina, endureciendo los castigos para empresas que operen en las islas. La medida responde a la decisión del gobierno británico de autorizar en diciembre de 2025 la exploración del yacimiento “Sea Lion” por parte de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, una acción que la Cancillería denunció como unilateral y que motivó un Plan de Acción sobre Hidrocarburos.

Más allá de la cuestión Malvinas, la ley se presenta como un proyecto ómnibus de ocho capítulos y 133 artículos que busca crear un Sistema de Seguridad Nacional. Entre sus componentes está la definición de “infraestructura crítica”: instalaciones, redes y servicios cuya interrupción pueda afectar la seguridad, la defensa, la salud o la economía del país. La propuesta sitúa la responsabilidad de protección en los propietarios y operadores, pero exige la autorización del Consejo de Seguridad. Además, habilita la intervención militar para salvaguardar esas infraestructuras, lo que varios diputados consideran una violación de la Ley de Seguridad Interior.

La combinación de un nuevo órgano de seguridad, la ampliación de la capacidad militar y la penalización de la desinformación plantea varias preguntas sin respuesta. ¿Quién decidirá, en la práctica, cuándo es necesaria la intervención de las fuerzas armadas? ¿Qué mecanismos de control existirán para evitar abusos? ¿Cómo se delimitará legalmente la “interferencia” extranjera sin afectar la libertad de expresión?

Con el calendario legislativo ya trazado y la expectativa de una aprobación rápida, el debate parece más una puesta a prueba de la capacidad del oficialismo para articular consenso que una discusión técnica. La oposición, por su parte, mantiene la alerta y seguirá cuestionando tanto la forma como el fondo de la propuesta, mientras la ciudadanía observa cómo se conjugan soberanía, seguridad