Diputados exigen al FMI revisar el presupuesto 2027 por opacidad
El bloque Unión por la Patria envió una carta a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, pidiendo un análisis urgente del proyecto de presupuesto que el gobierno de Javier Milei presentó al Congreso. La misiva señala un superávit inflado, asignaciones sin criterios y una duplicación de la inversión financiera, todo en un año electoral.
Los legisladores del bloque Unión por la Patria (UP) remitieron ayer una carta formal al Fondo Monetario Internacional, que se encuentra en Buenos Aires para la tercera revisión del programa con Argentina. Dirigida a Kristalina Georgieva, la carta reclama un “urgente análisis” del Presupuesto 2027 y la revisión de las metas pactadas con el Ejecutivo, alegando que el proyecto no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia exigidos por las cuentas públicas.
En el documento, los diputados advierten sobre “graves riesgos institucionales y fiscales” y sostienen que el presupuesto otorga discrecionalidad al Poder Ejecutivo en un contexto electoral. Señalan que, sin haber evaluado la solidez de los supuestos macroeconómicos ni la verosimilitud de los cálculos de recursos, el proyecto muestra “inconsistencias, opacidad y espacios de potencial discrecionalidad”.
Los señalamientos se agrupan en tres puntos. Primero, critican la subvaluación del gasto tributario del Régimen de Inversión y Garantía de Inversión (RIGI). El presupuesto anuncia un superávit primario de 15,4 billones de pesos (aprox. 1,1 % del PIB), pero según la carta ese número “oculta” un gasto tributario del RIGI estimado en 3.359 millones de dólares, equivalente al 0,49 % del PIB, que solo se contabilizaría cuando el proyecto esté en plena ejecución y el 47 % de la inversión se desembolse hasta 2028.
Segundo, la carta denuncia la “jurisdicción 91”, que pasaría de 5,6 a 14,8 billones de pesos. De ese total, 7,7 billones se asignarían sin ley ni criterio, bajo la categoría de “Obligaciones a cargo del Tesoro”. Los diputados preguntan para qué sirve esa partida, ya que no incluye programas con metas físicas ni criterios de reparto, y la describen como una herramienta para “auxiliar” a provincias que no pueden pagar sueldos o necesitan fondos.
El tercer punto apunta a una duplicación de la inversión financiera neta. El presupuesto proyecta 17,4 billones de pesos para 2027, frente a 9,8 billones en 2026, lo que implica un aumento “sideral” en términos nominales. Según la carta, esa diferencia se traduciría en una mayor aplicación del superávit financiero a “inversiones financieras temporarias”, “caja y bancos” y “otras inversiones financieras”, sin justificar el propósito ni explicar por qué se prioriza la acumulación de liquidez frente a áreas como discapacidad, educación o obra pública.
Mientras los parlamentarios hacen estas observaciones, la misión del FMI, encabezada por Joyce Wong, se concentra en el cumplimiento del objetivo de superávit fiscal primario del 1,4 % del PIB y en las medidas que el gobierno debe aplicar tras quedar por debajo de la meta semestral. La pauta para los primeros seis meses del año era de 0,7 % del PIB; sin embargo, el resultado se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo, lo que obliga al Ejecutivo a explicar cómo compensará la diferencia acumulada para alcanzar la meta prevista al cierre de 2026.
La carta de los diputados no solo pide una revisión técnica, sino que plantea preguntas que el FMI aún no ha respondido. ¿Cómo se concilian los supuestos macroeconómicos del presupuesto con la evidencia de un déficit en la primera mitad del año? ¿Qué mecanismos de control existen para evitar que la discrecionalidad de la jurisdicción 91 se convierta en una vía de financiación indirecta para la política electoral? Y, frente a la duplicación de la inversión financiera, ¿qué criterios se usarán para determinar la razonabilidad de
