Diputados podrían anular el DNU que redefinió alquileres y tierras

La sesión especial convocada por la oposición para el 15 de octubre será decisiva. Con el Senado ya habiendo rechazado el decreto de urgencia 70/23 en marzo, la única vía que queda para mantenerlo es la aprobación de la Cámara de Diputados. De no obtener la mayoría simple requerida, el DNU perderá vigencia y se reactivarán las normas que había derogado o modificado.

El debate se reaviva después del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras. El tribunal desechó la impugnación que cuestionaba la derogación de esa normativa y, con ello, confirmó el esquema del DNU que permite la adquisición de tierras rurales por extranjeros bajo condiciones más laxas. Esa decisión obligó a los legisladores a retomar el análisis del decreto completo, no solo del capítulo de tierras.

Si el DNU desaparece, el mercado de alquileres será uno de los primeros en sentir el impacto. La norma había derogado la Ley 27.551 y modificado el Código Civil y Comercial para que las partes pudieran pactar libremente plazo, moneda y mecanismos de actualización del contrato. ¿Qué pasará con los contratos firmados bajo esas reglas durante casi tres años? La falta de una guía clara deja en el aire la posibilidad de litigios masivos y de una revisión caso por caso que podría saturar los tribunales.

El sector de la salud también quedaría en la incertidumbre. El decreto modificó la forma de elección de obra social y eliminó restricciones a las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Sin una reposición explícita de la normativa anterior, ¿cómo se garantizará la continuidad de los servicios y la protección de los afiliados? La ausencia de un plan de transición genera preocupación entre los usuarios y los proveedores.

En materia de comercio, el DNU había derogado la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, y había alterado parcialmente el programa “Compre Argentino”. Estas normas regulaban precios, abastecimiento y la distribución de espacios en los puntos de venta para pequeñas y medianas empresas. La posible restitución de esas reglas plantea interrogantes sobre la validez de los precios y acuerdos establecidos bajo el nuevo marco, y sobre si los comercios que ajustaron sus estrategias podrán revertir sin pérdidas.

El Código Aduanero también fue tocado: se eliminaron restricciones a ciertas operaciones y se condicionó la prohibición de exportaciones a criterios específicos. Un regreso al esquema anterior implicaría una revisión exhaustiva de las licencias y permisos otorgados en los últimos años, pero la normativa no detalla cómo se manejarán los casos ya ejecutados.

Las empresas públicas, transformadas en sociedades anónimas bajo el DNU, verían amenazado su nuevo estatus. El gobierno había vinculado esa medida a su plan de privatizaciones, pero la norma no especifica qué ocurriría con los actos de privatización ya consumados. ¿ Se revertirían los procesos o quedarían en un limbo jurídico?

En telecomunicaciones, el decreto facilitó la entrada de operadores de internet satelital. La caída de esas disposiciones abriría la puerta a una revisión regulatoria que podría afectar a los usuarios que ya contrató servicios bajo el nuevo esquema. La falta de claridad sobre la continuidad de los contratos plantea riesgos para la inversión en infraestructura.

En el ámbito laboral, la situación es aún más compleja. Aunque gran parte del DNU fue objeto de procesos judiciales, el Congreso aprobó una reforma laboral en 2026, según la fuente. Por tanto, un simple rechazo del DNU no devolvería automáticamente el marco de diciembre de 2023; habría que analizar disposición por disposición, lo que complica cualquier intento de “restaurar” el orden anterior.

Todo ello se suma a la cuestión práctica de cómo se gestionará la transición. El texto no indica plazos ni mecanismos para la reactivación de normas derogados ni para la posible nulidad de actos administrativos y contratos celebrados bajo el decreto. La ausencia de un plan de contingencia deja a empresas, trabajadores y arrendatarios en una zona de incertidumbre que podría traducirse en costos legales y económicos considerables.

En definitiva, la decisión del 15 de octubre no solo definirá el futuro del DNU 70/23, sino que también marcará el punto de partida para una revisión masiva del