Docentes universitarios inician paro de 72 horas exigiendo 33 % de aumento

Este miércoles, docentes y personal administrativo de las universidades nacionales suspendieron sus actividades durante 72 horas. La decisión fue tomada la semana pasada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU, en un plenario de secretarios y secretarias, y constituye la primera medida de fuerza tras la intimación judicial que ordena el cumplimiento total de la Ley de Financiamiento Universitario.

La normativa, aprobada por el Congreso en 2025 y revalidada tras el veto presidencial de Javier Milei, establece una recomposición salarial del 33,4 % para el personal docente y no docente. El juez federal Martín Cormick, en el fuero Contencioso Administrativo, concedió una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar esa recomposición en un plazo de cinco días. La Casa Rosada, sin embargo, presentó un recurso de apelación, argumentando que la ley carece de fuentes de financiamiento definidas.

La contradicción entre la orden judicial y la postura del Gobierno genera dudas sobre la efectividad del sistema de control judicial en cuestiones de política salarial. ¿Qué garantías existen para que una medida cautelar, ya avalada por la Cámara de Apelaciones y confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio, sea respetada cuando el Ejecutivo la impugna? La falta de una respuesta clara alimenta la percepción de un Estado que, pese a la presión institucional, mantiene la discrecionalidad en la ejecución de leyes aprobadas por mayoría.

Los sindicatos estiman que a los salarios universitarios se les adeuda una recomposición del 31,2 %, cifra que supera ampliamente la propuesta del Gobierno, que en la última negociación paritaria ofreció apenas un 3 %. La brecha entre la demanda del sector y la oferta oficial plantea interrogantes sobre la voluntad política del Ejecutivo para financiar la normativa. La propia Ley señala que los recursos provendrán de la reasignación de partidas y de la creación de nuevos fondos, pero el Gobierno sigue sin detallar cómo cubrirá el aumento de 33 % en los sueldos.

El paro forma parte de una estrategia de presión que incluye una Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre. La convocatoria busca reunir a estudiantes y docentes de todo el país en una demostración de rechazo a la falta de cumplimiento de la ley y a la política de ajuste salarial que, según los gremios, afecta la calidad de la educación superior.

En los últimos días, la Justicia ha sido el principal canal de reclamo del sector universitario. La medida cautelar de diciembre pasado, que ya contaba con el aval de la Cámara de Apelaciones, quedó firme con el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo —apelar la decisión y ofrecer un ajuste mínimo— muestra una desconexión entre los poderes y un posible uso de la vía judicial como herramienta de negociación más que como mecanismo de cumplimiento.

Quedan abiertas varias preguntas: ¿Cuál será la respuesta definitiva del Gobierno ante la orden judicial? ¿Se mantendrá la apelación o se producirá un nuevo acuerdo que acerque la oferta al 33 % exigido? ¿Qué impacto tendrá la próxima marcha federal en la agenda política de Milei, especialmente en un contexto de alta tensión entre la administración y los sectores académicos?

Mientras tanto, la comunidad universitaria continúa con la huelga, manteniendo la presión sobre un Ejecutivo que, según los docentes, ha dejado “la educación en la cuerda floja”. La expectativa es que la combinación de acción judicial y movilizaciones sociales logre forzar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque el camino para lograrlo parece aún incierto.