EE.UU. da a Argentina hasta diciembre para responder al caso YPF

La Corte Suprema de Estados Unidos amplió el plazo que tenía la Argentina para contestar el recurso presentado por los demandantes, fijando como nueva fecha límite el 2 de diciembre. El gobierno contaba originalmente con hasta el 2 de noviembre y solicitó la ampliación; Sebastián Maril, especialista en litigios contra Argentina, describió la decisión como “totalmente normal”.

La extensión no afecta el fondo del asunto. La aceptación de la revisión depende exclusivamente de los jueces de la Corte Suprema, y Maril advirtió que el expediente de YPF “es muy complejo y tiene alguna chance más de lo que mucha gente le da para que sea aceptado”. La prórroga se dio pocos días después de que la jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, cerrara formalmente el caso en primera instancia, anulando la sentencia de 2023 y acatando lo resuelto por la Cámara de Apelaciones.

Fuentes de la Procuración del Tesoro calificaron la medida como “la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones”. El litigio se originó en la expropiación de YPF en 2012, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, y los demandantes son los fondos Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, con financiamiento de Burford Capital, que adquirió los derechos de los accionistas.

En 2023 la jueza Preska condenó a la Argentina a pagar más de 16 100 millones de dólares; con intereses la cifra superó los 18 000 millones, la mayor condena judicial contra un país en la historia de los tribunales estadounidenses. El 27 de marzo de 2024 la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó esa condena, con voto de los jueces Denny Chin y Beth Robinson y disidencia de José Cabranes, argumentando que la ley argentina de expropiación prohíbe demandas de terceros y que los estatutos societarios no constituyen un contrato bilateral que habilite reclamos de daños.

En junio el plenario del Segundo Circuito rechazó la solicitud de Burford Capital de que se revisara la decisión, dejando como única vía disponible en EE. UU. la apelación ante la Corte Suprema. En la petición presentada a fines de septiembre, los demandantes describieron la decisión del Segundo Circuito como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”.

El recurso presentado es un certiorari; la Corte Suprema decide si acepta o rechaza la revisión y la presentación no obliga al tribunal a tratar el expediente. La Corte recibe entre 7 000 y 8 000 peticiones por período de sesiones y suele conceder la revisión de alrededor de 80 casos, sin plazo fijado para resolverlos. La ausencia de una fecha límite para decidir mantiene la incertidumbre sobre si la Corte finalmente aceptará revisar un caso que, pese a la revocación judicial, sigue generando reclamos millonarios.