EE.UU. eleva a $103 mil la tarifa H‑1B y revoca visas B1/B2

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este lunes una actualización de la normativa que regula la visa H‑1B, la categoría destinada a trabajadores extranjeros con alto nivel de especialización. A partir del 1 de octubre, la tarifa de presentación de la petición se fijó en $103 265, cifra que supera en más del 70 % la tarifa vigente de $202 2023. El aumento se desglosa en tres conceptos: una tasa de $2 500 para el procesamiento de la petición, $4 000 para la verificación de la elegibilidad del empleador y $96 765 para la “tarifa de prevención de fraude y abuso”, que el DHS justifica como necesaria para financiar controles más rigurosos y la modernización de sus sistemas de revisión.

Según el comunicado oficial, la responsabilidad del pago recae exclusivamente en el empleador que presente la solicitud. Las empresas que utilicen firmas de consultoría o “empleadores de paso” también deberán cubrir la totalidad del monto, sin que exista la posibilidad de trasladar el costo al trabajador. La medida busca, según la agencia, “garantizar la integridad del programa y proteger el mercado laboral estadounidense de prácticas fraudulentas”. Sin embargo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y varios grupos empresariales han señalado que el incremento podría reducir la competitividad de las compañías que dependen de talento extranjero, particularmente en sectores como tecnología, biotecnología y finanzas.

Paralelamente, el DHS reveló un plan de revocación masiva de visas de turista (B‑2) y de negocios (B‑1). La iniciativa, que se implementará en fases durante los próximos seis meses, contempla la anulación de entre 15 000 y 20 000 visas emitidas en los últimos dos años. Los criterios de selección incluyen la detección de irregularidades en la información proporcionada al momento de la solicitud, sospechas de sobreestadía y la identificación de posibles riesgos de seguridad nacional. Los consulados y embajadas de EE. UU. recibirán un manual actualizado con los procedimientos para notificar a los titulares y para gestionar recursos de apelación.

El secretario adjunto de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, explicó que la medida forma parte de una “revisión integral del programa de visas de no inmigrante” y que el objetivo es “optimizar la utilización de los recursos consulares y reducir la vulnerabilidad a fraudes”. La agencia también indicó que los solicitantes cuya visa sea revocada tendrán la posibilidad de presentar una solicitud de reconsideración dentro de los 30 días posteriores a la notificación, siempre que aporten evidencia que demuestre la validez de sus motivos de viaje.

Las reacciones en el sector de la inmigración y entre los empleadores son mixtas. Abogados especializados en derecho migratorio, como la firma Hernández & Asociados, advierten que la revocación masiva podría generar una carga adicional de trabajo para los tribunales de inmigración, al incrementarse los recursos de apelación y los procesos de revisión de casos. “Los empresarios que dependen de visitas cortas para negociaciones, capacitación o inspecciones técnicas pueden enfrentar interrupciones significativas”, señaló la socia Laura Martínez.

En Argentina, la Embajada en Washington emitió un comunicado dirigido a los ciudadanos que posean visas B‑1/B‑2, indicando que deben revisar sus correos electrónicos y la plataforma de seguimiento de visas para confirmar el estado de sus documentos. El cónsul general, Alejandro Ríos, recomendó a los viajeros que planeen visitas próximas que mantengan actualizada su información de contacto y que, de recibir una notificación de revocación, consulten con un abogado antes de intentar reingresar al país.

El aumento de la tarifa H‑1B también ha llamado la atención de la comunidad tecnológica argentina, que cada año envía varios cientos de profesionales bajo esa categoría. Según datos de la Cámara de Consultoras de Tecnologías de la Información (CCTI), alrededor de 350 argentinos obtuvieron la visa H‑1B en 2023. La asociación ha pedido al gobierno argentino que brinde asesoramiento y apoyo financiero a los candidatos que enfrenten la nueva tarifa, argumentando que la restricción de costos podría limitar la movilidad de talento especializado.

En cuanto al impacto presupuestario, el DHS estima que la tarifa de $96 765 destinada a la prevención de fraude generará ingresos anuales superiores a $1 billón, los cuales se destinarán a la modernización de la