El oficialismo busca imponer su proyecto de endeudamiento familiar esta semana

Esta semana el Congreso debe dictaminar en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor el proyecto que pretende abordar el problema del endeudamiento familiar. El oficialismo, con el aval del PRO y la UCR, ha girado su postura y ahora descarta regular las tasas de interés, argumentando que hacerlo “afectaría el acceso al crédito”, que según sus cifras habría crecido bajo el actual gobierno.

El eje del texto oficialista se centra en exigir mayor información, transparencia y educación financiera. Entre las medidas propuestas está la obligación de que los bancos y, sobre todo, las fintech, ofrezcan datos claros sobre intereses y punitorios, y que se realice una doble verificación antes de conceder un préstamo. Un legislador citado por la prensa describió el proceso de “un solo clic” como parte del “engañó” que caracteriza a ciertos actores del sector.

En paralelo, el oficialismo destaca que el problema ya estaría en vías de solución: más de 500 mil personas habrían acordado refinanciamientos bancarios y “cerca de dos millones” de deudores en mora contarían con un esquema de refinanciación en billeteras virtuales. La fuente no precisa cuántos de esos acuerdos son efectivos ni cuál es el impacto real en la carga financiera de los hogares.

Por su parte, la oposición critica la estrategia. Desde la bancada libertaria, Silvana Giudici, a cargo de las negociaciones oficiales, sostuvo que “expandir el crédito y darle mayor transparencia a las herramientas financieras es el camino correcto”. Sin embargo, los opositores argumentan que el proyecto no brinda soluciones concretas a los millones de endeudados y que la falta de un texto conjunto deja abierta la posibilidad de dictámenes fragmentados que podrían diluir la respuesta al problema.

En la práctica, la discusión se complica por la diversidad de iniciativas que circulan en la Cámara. La UCR presentó una propuesta que incluye la educación financiera obligatoria en escuelas secundarias. El bloque de Argentina Federal, integrado por misioneros y salteños, y el grupo Provincias Unidas, con varios proyectos provinciales, también están en la mesa. Hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo amplio y la oposición no descarta presentar varios dictámenes antes de la votación final.

Según fuentes de Clarín, se baraja declarar una emergencia de 180 días que obligaría a los prestamistas a abrir una reestructuración de la deuda, con un límite de acceso para deudores cuya obligación no supere tres salarios mínimos. La medida, de concretarse, incluiría beneficios que aún no se detallan. El Ministerio de Desarrollo Productivo (MID) ha pedido que el esfuerzo sea compartido, solicitando bajas del IVA, reducción del Ingresos Brutos a nivel provincial y que los bancos reduzcan sus tasas.

Quedan varias incógnitas. ¿Qué garantías existen de que la doble verificación propuesta evitará los préstamos “de un solo clic” que, según los críticos, perpetúan la morosidad? ¿Los refinanciamientos anunciados realmente reducen la carga de los deudores o simplemente trasladan la deuda a plazos más largos sin aliviar el capital? Y, sobre la emergencia de 180 días, ¿cómo se definirá el límite de tres salarios mínimos y qué mecanismos de control habrá para evitar abusos?

El debate se intensifica mientras el calendario parlamentario avanza. La decisión que tome la Cámara esta semana podría marcar la dirección de la política de crédito en el país, pero la falta de consenso y la escasa claridad sobre los alcances de las medidas propuestas dejan a la ciudadanía a la espera de respuestas concretas.