Enarsa abre la venta de dos centrales de 800 MW

El lunes, mediante el decreto 1107/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio luz verde a la venta de las participaciones estatales en dos centrales termoeléctricas de Enarsa: Manuel Belgrano y José de San Martín. Ambas instalaciones tienen una capacidad instalada de 800 megavatios cada una, lo que representa una porción relevante de la generación nacional.

Esta acción se enmarca en lo que la propia normativa denomina “una nueva etapa” del proceso de privatización de Energía Argentina (Enarsa). Hasta ahora, el Estado había mantenido el control mayoritario de la empresa, pero en los últimos meses se han ido desmantelando gradualmente sus activos. El decreto, sin embargo, no detalla los criterios de valoración, los plazos para la licitación ni los posibles compradores. La ausencia de esa información genera incertidumbre tanto en el sector privado como en la sociedad civil.

Los críticos señalan que la venta de activos estratégicos sin una discusión pública amplia puede comprometer la seguridad del suministro eléctrico. En un país donde la demanda de energía sigue creciendo y donde la dependencia de combustibles fósiles es alta, la salida de la administración pública de dos plantas de 800 MW plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para garantizar precios estables y cobertura suficiente. Además, la normativa no menciona si se mantendrán los contratos de suministro vigentes ni cómo se protegerán los derechos de los trabajadores de ambas centrales.

Otro punto que queda en el aire es la transparencia del proceso. El decreto autoriza la venta, pero no indica si se realizará a través de una licitación pública, una subasta directa o acuerdos privados. La falta de un cronograma concreto dificulta evaluar el impacto en el mercado energético y en la planificación a mediano plazo del sector. Organizaciones de consumidores y algunos legisladores ya han pedido al gobierno que publique los términos de la operación y que abra un debate parlamentario antes de cerrar cualquier acuerdo.

Por su parte, el Ministerio de Economía argumentó que la medida forma parte de una política de “desestatización” destinada a reducir la carga fiscal y a atraer inversión privada al sector energético. Según la propia declaración, la venta busca “optimizar la estructura de Enarsa” y “promover la competencia”. No obstante, la ausencia de datos sobre el precio de venta o los criterios de selección de los compradores deja sin respuesta si la operación realmente generará los beneficios anunciados.

En el contexto de la reciente inflación y de los aumentos de tarifas que afectan a los usuarios, la privatización de infraestructura clave como estas dos centrales no puede evaluarse solo bajo la óptica de la eficiencia operativa. La cuestión central que queda abierta es si la reducción del rol del Estado en la generación eléctrica se traducirá en un mejor servicio o en una mayor vulnerabilidad frente a fluctuaciones del mercado internacional del gas y del petróleo.

En conclusión, el decreto 1107/2026 abre la puerta a la venta de dos importantes activos de Enarsa, pero la falta de información sobre el proceso, los posibles compradores y las garantías para el suministro y los trabajadores deja varias incógnitas que deberán resolverse en los próximos días. La presión de la oposición y de los sectores sociales probablemente obligará al gobierno a precisar los detalles antes de que la operación se concrete.