Falló la primera ejecución de una mujer en Tennessee en dos siglos

La madrugada del miércoles se intentó ejecutar a Christa Pike en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Tennessee. La mujer, de 50 años, había sido condenada a muerte por el homicidio de una compañera de clase en 1995, cuando tenía 18 años. La Corte Suprema de EE. UU. había autorizado la ejecución pocas horas antes, a pesar de la disidencia de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Según los abogados de Pike, la inyección de pentobarbital no surtió efecto. Testigos, entre ellos siete periodistas, describieron a la condenada cantando, moviéndose y roncando después de la primera dosis. Uno de los reporteros, John North de WBIR, afirmó que “probablemente seguía viva” al salir del edificio. Una ambulancia con luces encendidas abandonó la sala, pero la autoridad penitenciaria no confirmó a dónde fue trasladada la mujer.

El equipo de defensa denunció una cadena de fallas: “dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital en mal estado, ausencia de atención médica de emergencia”. El protocolo, según los abogados, sigue “envuelto en el secreto”. La Oficina del Gobernador de Tennessee, encabezado por Bill Lee, no emitió información sobre el estado de Pike y rechazó una petición de clemencia que hacía referencia a su “enfermedad mental grave”, trastorno bipolar y estrés postraumático diagnosticados después de su condena.

El caso reaviva la polémica sobre la pena capital en Estados Unidos. La última ejecución de una mujer había sido la de Amber McLaughlin en Misuri en 2023, la primera mujer transgénero en ser ejecutada. Desde 1976, solo 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. En lo que va del año, se contabilizan 30 ejecuciones, 16 de ellas en Florida.

Expertos de la ONU pidieron “detener de inmediato” la ejecución y conmutar la sentencia, señalando que el proceso carece de garantías básicas. La falta de transparencia sobre la calidad del pentobarbital y la ausencia de un plan de contingencia médica plantean preguntas graves: ¿cómo puede el Estado garantizar una ejecución “legal” si ni siquiera puede asegurar la viabilidad del fármaco? ¿Qué mecanismos de control existen cuando el propio protocolo se mantiene en secreto?

La Corte Suprema había rechazado la solicitud de suspensión presentada el martes, pese a las objeciones de los magistrados liberales. La contradicción entre la autorización judicial y la evidente falla operativa sugiere una brecha entre la teoría del castigo y su ejecución práctica. Mientras la defensa de Pike espera información sobre su condición hospitalaria, el caso pone en evidencia los riesgos de un sistema que, según sus propios críticos, parece más preocupado por cumplir una sentencia que por garantizar la seguridad y la legalidad del proceso.

En definitiva, el intento fallido de ejecutar a Christa Pike no solo dejó una mujer viva en el hospital; dejó al descubierto lagunas en un procedimiento que, a juzgar por este episodio, sigue siendo más opaco que efectivo.