Familiares de presos pagaron extorsiones creyendo al juez Rosatti

El juez federal Julián Ercolini ordenó el procesamiento de Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, internos del Establecimiento Penitenciario nro. 7 del Servicio Penitenciario de Jujuy. El fallo los califica como “miembros de una asociación ilícita en concurso real” por los delitos de estafa, extorsión y usurpación de autoridad, en calidad de coautores.

Según la causa, desde al menos noviembre de 2024 y hasta el 30 de octubre de 2025 una organización con base en la cárcel habría operado de forma estable, valiéndose de líneas y terminales telefónicas, tarjetas SIM, recargas virtuales, cuentas bancarias, billeteras digitales y alias de pago. Con esos recursos obtenían datos de personas privadas de libertad y de sus familiares, para luego contactarlos mediante falsas representaciones y cobrar sumas de dinero.

El fallo indica que los imputados se habrían hecho pasar por el Dr. Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de la Nación, usando su nombre, imagen, cargo e investidura. Crearon líneas telefónicas y perfiles de WhatsApp con su fotografía, imágenes del edificio de Tribunales o la denominación “Corte Suprema de Justicia”, con el objetivo de dar apariencia de autenticidad a las comunicaciones.

Con esa supuesta condición, se habrían comunicado con dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad, presentándose como el presidente de la Corte y solicitando listados y datos personales de personas detenidas. La información obtenida habría sido utilizada para contactar a familiares, a quienes también se les habría invocado falsamente la intervención del Dr. Rosatti, exigiendo el pago de una “fianza” o de supuestos gastos de trámite para lograr la libertad o algún beneficio judicial. En otro tramo de la operativa, se habría usado el nombre del magistrado para simular la representación de empresas privadas y anunciar premios falsos, requiriendo transferencias por gastos inexistentes.

La causa se inició el 25 de noviembre de 2024 tras un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal en el que una voz masculina se identificó como “el doctor Horacio Rosatti”. Las investigaciones incluyeron escuchas y, según el fallo, uno de los presos confirmó las maniobras. Cuando el Servicio Penitenciario realizó requisas en las celdas de los sospechosos, la supuesta banda intentó destruir pruebas y trasladar el dinero a nuevas billeteras virtuales. Algunos de los detenidos han negado las acusaciones, alegando que los teléfonos también eran usados por otros internos.