Fiscalía revisa si Moyano violó restricción y se topó con Arizaga
La justicia de la Ciudad investiga si el ex diputado incumplió la orden de mantenerse a 300 metros de la joven tras un presunto encuentro en un apart‑hotel de Puerto Madero. Mientras el abogado de Candela Arizaga pide el levantamiento de las medidas cautelares, la fiscalía sigue analizando cámaras y registros de huéspedes.
La Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires abrió una nueva fase de investigación para determinar si Facundo Moyano, ex diputado nacional, habría infringido la prohibición de acercamiento y contacto con Candela Arizaga. La orden, dictada tras el episodio de la madrugada del 4 de agosto en Belgrano, obliga a Moyano a mantenerse a más de 300 metros de la joven y a no entablar ningún tipo de comunicación con ella.
Según fuentes que habló Infobae, la fiscal Florencia Nocerez ordenó, en las últimas horas, la remoción de las grabaciones de las cámaras de seguridad y de los libros de registro del apart‑hotel donde se habría producido el encuentro. El material quedó bajo análisis de los peritos de la fiscalía, que buscan confirmar si Moyano estuvo presente en el establecimiento y, de ser así, si la proximidad a menos de 300 metros se dio antes de que la justicia dictara la medida.
El caso vuelve a cobrar fuerza porque, a la par del pedido de investigación, el abogado de Arizaga, Roberto Herrera, presentó un escrito solicitando el “inmediato levantamiento” de las restricciones. En el documento, el representante legal argumenta que ya no existe un riesgo concreto que justifique la medida preventiva y subraya la voluntad de su clienta de restablecer el vínculo con Moyano. La petición se produce pese a que la fiscalía no ha modificado aún la orden.
La contradicción más evidente radica en la versión de Arizaga sobre los hechos de agosto. En aquel momento, la joven habría manifestado a un agente policial que su pareja la había golpeado y mantenido encerrada contra su voluntad, lo que llevó a la detención de Moyano y a la imposición de las medidas cautelares. Posteriormente, Arizaga negó haber declarado violencia física o privación ilegítima de la libertad y, en reiteradas oportunidades, expresó su deseo de volver a contactar a Moyano. Esa oscilación entre la denuncia inicial y la posterior negación no ha sido aclarada por la fiscalía.
El pedido de Herrera plantea otra cuestión: si la propia víctima niega haber sido agredida, ¿sobre qué bases se mantiene la orden de restricción? La fiscalía, por su parte, sostiene que la medida tiene carácter preventivo y que su continuidad debe sustentarse en la existencia de un riesgo actual. Hasta la fecha, la autoridad no ha emitido un pronunciamiento definitivo y mantiene vigentes las restricciones mientras avanza el análisis de las pruebas.
En este contexto, la investigación se centra ahora en dos ejes: confirmar la presencia de Moyano en el apart‑hotel y valorar si, de confirmarse, la proximidad a menos de 300 metros constituye una violación de la orden. La respuesta a esas preguntas determinará si la medida se mantiene, se modifica o se levanta.
Quedan abiertas varias interrogantes: ¿qué peso tendrán las declaraciones contradictorias de Arizaga en la decisión judicial? ¿Cuáles son los criterios que la fiscalía aplicará para evaluar el riesgo actual? Y, sobre todo, ¿qué implicancias tendría un eventual hallazgo de incumplimiento para la trayectoria política de Moyano?
Por ahora, la justicia sigue revisando el material recabado y la polémica en torno a la medida cautelar continúa alimentando el debate sobre la aplicación de las normas de protección en casos de violencia de género.
