Flybondi entra en concurso preventivo por 120 millones de dólares
La low‑cost, que en junio de 2025 fue comprada por el grupo COC Global Enterprise, anunció que buscará reestructurar sus pasivos en un juzgado comercial. La medida llega tras una ola de cancelaciones y una operación que apenas alcanzó el 17,7 % de los vuelos programados en julio.
Flybondi, la aerolínea de bajo costo que había ganado terreno en el mercado interno, se presentó esta semana ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, secretaría N° 47, para iniciar un concurso preventivo de acreedores. La causa judicial tiene como objetivo renegociar una deuda que supera los 120 millones de dólares, según informó la empresa.
La decisión se produce en un contexto de fuerte deterioro operativo. En los últimos meses la compañía registró masivas cancelaciones y una restricción de sus vuelos que la dejó con apenas el 17,7 % de los itinerarios programados en el mes de julio. La caída de la capacidad de operación no solo afectó a los pasajeros, que se vieron obligados a buscar alternativas o a reprogramar sus viajes, sino que también redujo drásticamente los ingresos de la aerolínea.
El golpe financiero se produce después de que, en junio de 2025, Flybondi fuera adquirida por el grupo COC Global Enterprise, liderado por el empresario Leonardo Scatturice. Scatturice mantiene estrechos vínculos con el gobierno de Javier Milei, lo que genera preguntas sobre la influencia del Estado en la gestión de la compañía y en la posible reestructuración de su deuda. Hasta el momento la empresa no ha emitido declaraciones públicas que expliquen cómo la adquisición y la cercanía política han impactado su situación financiera.
La falta de información concreta sobre los términos de la negociación con los acreedores deja varios interrogantes. No se conocen los plazos propuestos para el pago de la deuda, ni los posibles descuentos o quitas que la empresa podría buscar. Tampoco se ha detallado quiénes son los principales acreedores ni si la reestructuración implicará la venta de activos, la emisión de nuevas acciones o la inyección de capital externo.
En el ámbito regulatorio, el concurso preventivo se tramitará bajo la supervisión del juzgado comercial mencionado, pero la autoridad de aviación civil no ha emitido pronunciamientos sobre la continuidad de los servicios. La incertidumbre sobre la operatividad futura de Flybondi afecta a empleados, proveedores y, sobre todo, a los usuarios que dependen de sus tarifas bajas para viajar dentro del país.
La medida también plantea dudas sobre la viabilidad del modelo low‑cost en un entorno económico volátil. La combinación de una deuda millonaria, la caída drástica de la capacidad operativa y la reciente adquisición sugiere que la estrategia de expansión del grupo COC Global Enterprise podría haber subestimado los riesgos financieros o haber sobrevalorado el potencial de crecimiento del sector.
En ausencia de una hoja de ruta clara, los analistas del mercado esperan que la empresa presente un plan de pagos que incluya un calendario realista y garantías para los acreedores. De lo contrario, la posibilidad de una quiebra formal sigue latente, lo que implicaría la liquidación de activos y la pérdida de puestos de trabajo.
Mientras tanto, los pasajeros que ya tenían reservas pendientes enfrentan la incertidumbre de si sus billetes serán reprogramados o reembolsados. La normativa local obliga a la aerolínea a garantizar la devolución del dinero o la reubicación en otro vuelo, pero la congestión del sistema judicial y la falta de datos sobre los plazos de respuesta hacen que la situación sea difícil de evaluar.
En conclusión, el concurso preventivo de Flybondi abre una ventana para intentar estabilizar una empresa que, pese a su reciente adquisición y a sus vínculos políticos, se encuentra al borde del colapso financiero. La falta de detalles sobre el proceso de negociación y la ausencia de declaraciones oficiales dejan a los observadores con más preguntas que respuestas: ¿qué tan realista es el plan de reestructuración?, ¿qué papel jugará el Estado en una empresa tan ligada a su entorno político?, y, sobre todo, ¿cómo se protegerán los derechos de los consumidores en medio de esta crisis? Sólo el desarrollo de la causa judicial y la transparencia de la compañía podrán aclarar el futuro de la aerolínea.





