Gobierno presiona a provincias con recorte parcial de pensiones para sostener discapacidad
Con Santilli y Menem al frente, la Casa Rosada negocia recortes en las jubilaciones a cambio de mantener el esquema de prestaciones para personas con discapacidad. La medida, calificada de “ajuste a medias”, genera dudas sobre quién asumirá los costos y qué implica para el colectivo.
La administración actual vuelve a plantear un ajuste que, según sus propios términos, solo cubre parte de la necesidad de financiamiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Desde la oficina del presidente, los ministros encargados de la política social, Luis Santilli y el subsecretario Menem, han iniciado conversaciones con los partidos aliados para lograr que se reduzcan los montos de las pensiones en el intercambio por la continuidad del programa de ayudas a la discapacidad.
El planteamiento central es que, a cambio de un recorte en las jubilaciones, el Estado mantendría los pagos de prestaciones a este sector. La lógica que expone el gobierno es que el “ajuste a medias” permitiría equilibrar las cuentas sin desmantelar completamente el apoyo a los discapacitados. Sin embargo, la propuesta deja sin responder preguntas clave: ¿qué porcentaje de la pensión se reduciría? ¿Cuáles son los criterios para determinar quiénes se verían afectados? La fuente no brinda cifras ni plazos concretos, lo que dificulta evaluar el alcance real de la medida.
Otro punto crítico es el traslado de los costos a las provincias. Según la información disponible, la carga financiera de las prestaciones quedaría, en parte, a cargo de los gobiernos provinciales. Este mecanismo no ha sido detallado y genera preocupación en los entes subnacionales, que ya enfrentan limitaciones presupuestarias. La falta de claridad sobre el monto que cada provincia tendría que absorber abre la puerta a posibles desbalances y a tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales.
Además, la propuesta se inserta en un contexto de políticas del presidente Milei que, según observadores, han mostrado un “historial de ensañamiento” con el colectivo de personas con discapacidad. En los últimos meses se han registrado recortes y cambios regulatorios que afectaron la cobertura de ciertos tratamientos y la disponibilidad de recursos. La nueva negociación, aunque presenta la mantención del sistema como un logro, no aclara si se mantendrán los niveles de calidad y cobertura que el sector necesita.
La ausencia de datos concretos y la ambigüedad del término “ajuste a medias” hacen que la iniciativa parezca más una maniobra política que una solución estructural. Mientras el gobierno busca el apoyo de sus aliados mediante la promesa de mantener las prestaciones, los sectores involucrados – jubilados, provincias y organizaciones de discapacidad – siguen sin saber qué cambios reales se avecinan. La pregunta que queda en el aire es si la medida logrará equilibrar las finanzas sin sacrificar derechos, o si simplemente trasladará la carga a los más vulnerables sin ofrecer garantías claras.
