Hurlingham lidera la presión fiscal municipal en la provincia
Una herramienta lanzada por el senador Diego Valenzuela muestra que Hurlingham, Lanús y Marcos Paz concentran la mayor carga tributaria local, superando el promedio provincial del 1,46 %. El hallazgo aviva la disputa entre La Libertad Avanza, que pide recortar tasas, y el gobierno de Axel Kicillof, que minimiza su impacto en la economía.
El pasado viernes el senador de La Libertad Avanza (LLA) Diego Valenzuela presentó en la Cámara alta de la Provincia de Buenos Aires un portal llamado “Menos Impuestos”. El sitio desglosa la presión fiscal de 52 municipios de más de 60 000 habitantes, calculada como el promedio de cinco tasas representativas (banca minorista, hipermercado, industria, comercio y mayorista) más la tasa vial y la de habilitación. Según la herramienta, el promedio provincial es del 1,46 %.
Con esa métrica, Hurlingham encabeza la lista con una presión del 3,16 %, seguido de Lanús (3,07 %) y Marcos Paz (2,88 %). En el mismo rango aparecen Bahía Blanca (2,77 %) y Morón (2,65 %). Los 18 municipios que superan el promedio provincial van desde el 1,83 % hasta el 3,16 %. Exceptuando a General Pueyrredón, todos los intendentes de esa muestra pertenecen a Unión por la Patria (UP); el caso de Pueyrredón está bajo la gestión del PRO, encabezado por Guillermo Montenegro.
En el extremo opuesto, 15 municipios registran una presión fiscal entre 0,52 % y 1,25 %. Diez de ellos son gobernados por UP, dos por partidos vecinales, uno por la UCR y otro por LLA. La disparidad de valores plantea preguntas sobre la lógica de la asignación de tasas: ¿por qué municipios con la misma afiliación política presentan cargas tan distintas?
El debate sobre la carga tributaria local se intensificó cuando la LLA, liderada por Sebastián Pareja, lanzó una ofensiva para eliminar 138 tasas, reducir 120 y simplificar 11 en los 116 municipios donde tiene representación. Pareja argumentó que “las tasas municipales son cajas encubiertas de la casta política”. En respuesta, el gobierno de Axel Kicillof defendió que los problemas de empleo y competitividad no están vinculados a los tributos locales, sino a la política económica nacional. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, citó un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP que sitúa la contribución de las tasas municipales en apenas el 0,9 % de las cadenas productivas.
La contradicción entre ambas posturas queda patente: mientras la administración provincial minimiza el peso de las tasas, la herramienta de Valenzuela muestra que en varios municipios la presión supera el doble del promedio. Además, el cierre de una sucursal del Banco Nación en Ramos Mejía (La Matanza) a causa de “las elevadas tasas municipales” y su traslado a Ciudadela (Tres de Febrero) sugiere que el costo tributario sí puede afectar decisiones empresariales.
El caso de Mercado Libre ilustra otro ángulo. Cuando Valenzuela era intendente de Tres de Febrero impulsó la reducción de tasas para atraer la inversión de la compañía, que instaló un centro logístico de USD 65 millones y generó 440 puestos de trabajo, la mitad de los cuales son residentes del partido. ¿Cuánto de ese éxito se debe a la política tributaria y cuánto a otros factores? La respuesta sigue sin aclararse.
Valenzuela señaló que ya recibió solicitudes de Córdoba y Mendoza para replicar la herramienta a nivel municipal, con la meta de crear un “semáforo fiscal” provincial. Sin embargo, la metodología del portal –basada en un promedio de cinco tasas y dos complementarias– no detalla cómo se ponderan los distintos sectores ni si se consideran exenciones locales. La falta de transparencia en el cálculo deja abierta la cuestión de si el “semáforo” refleja fielmente la carga real que soportan los contribuyentes.
En definitiva, la publicación de “Menos Impuestos” pone sobre la mesa datos que desafían la narrativa oficial y alimentan la agenda de la LLA. Mientras tanto, la discusión sobre la eliminación o reducción de tasas avanza sin que se haya aclarado si la presión fiscal es la verdadera barrera para la inversión o simplemente un pretexto político. La respuesta a esa pregunta será clave para definir la política tributaria provincial en los próximos meses.





