ICE dispara a migrante venezolano y lo deja sin atención médica

El caso de Wilber Garcés, un venezolano que llegó a Estados Unidos en 2024 con permiso de trabajo, volvió a los focos después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparara el domingo por la tarde. Según el propio Garcés, el agente chocó el coche en el que conducía mientras repartía pedidos de DoorDash y le disparó cuando intentó mover el vehículo para estacionarse.

Tras el disparo, los servicios de emergencia lo llevaron a un centro médico de Austin, donde recibió el alta pocas horas después sin que le practicaran una cirugía para extraer la bala alojada en la espalda. Desde allí, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo trasladó al centro de detención de Pearsall, donde permaneció hasta que, este lunes, fue enviado a un hospital, confirmó la oficina de su abogada Kate Lincoln‑Goldfinch a EFE.

La información sobre el hospital de destino y el tratamiento que está recibiendo sigue sin conocerse, según indicó Fabiana Meléndez, portavoz de la abogada. En una rueda de prensa organizada por Lincoln‑Goldfinch en Austin, otro interno del mismo centro declaró que los guardias lo agredieron nuevamente, que perdió sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo y que le pusieron una cadena en la cintura, lo esposaron a una silla y lo llevaron a un centro médico.

“Sabemos, por el otro detenido, que en algún momento le pusieron una cadena en la cintura, lo esposaron a una silla y se lo llevaron a un centro médico”, afirmó Meléndez a EFE, calificando el hecho como “un acto de represalia”.

El congresista demócrata Greg Casar, que representa a Texas en la Cámara de Representantes, confirmó en redes sociales el traslado de Garcés al hospital y lo describió como “un primer paso positivo”. “Ahora esperamos que se recupere por completo, se reúna con su familia y pueda contarles a las fuerzas del orden la historia completa de cómo ICE le disparó en la espalda”, agregó.

El DHS no respondió de inmediato a la solicitud de EFE para obtener información sobre el caso, lo que deja en el aire preguntas clave: ¿por qué no se informó el lugar exacto del traslado? ¿Qué protocolos de atención médica siguen los centros de detención cuando un interno sufre una herida de arma de fuego?

Gar­cés ingresó al país mediante la aplicación CBP One, un programa que estuvo activo durante la administración de Joe Biden y permite a migrantes solicitar una cita para presentarse en un puerto de entrada y pedir asilo. Tenía una orden de deportación dictada en ausencia por un juez de inmigración; la notificación llegó a una dirección antigua, pese a que él había actualizado su domicilio con el gobierno, según su abogada.

El caso se inserta en un contexto de creciente presión migratoria. La información citada por la fuente indica que, durante la administración de Donald Trump, los jueces ordenaron la expulsión de 281 867 migrantes que no se presentaron a sus audiencias, de los cuales 90 288 tenían solicitudes de asilo. Aunque esos datos son de años anteriores, la cifra muestra la magnitud del problema de notificaciones perdidas y órdenes en ausencia que siguen afectando a migrantes como Garcés.

Quedan varias incógnitas sin respuesta. ¿Qué justifica que, tras recibir un disparo, Garcés no haya sido operado para extraer la bala? ¿Por qué los guardias del centro de detención lo agredieron de nuevo después de la rueda de prensa? ¿Existe alguna investigación interna del DHS sobre la conducta de los agentes de ICE involucrados?

Mientras tanto, la familia de Garcés espera que el “primer paso positivo” se convierta en una atención médica completa y en una rendición de cuentas clara. La falta de información oficial y la ausencia de una respuesta del DHS alimentan la desconfianza en un sistema que, según los testimonios, parece más preocupado por la contención que por la protección de los derechos humanos de quienes están bajo su custodia.