Industria pide frenar embargos de ARCA a pymes bajo presión del gas

La UIA presentó el martes una petición formal para que el Estado ponga fin a los embargos que la Administración de los Recursos de la Confederación Argentina (ARCA) está aplicando a cientos de pymes del país. Según la organización empresarial, la medida se tomó como respuesta al incumplimiento de pagos de facturas de gas, pero el impacto financiero supera la capacidad de muchas compañías, que operan con márgenes reducidos y dependen del suministro continuo de energía.

En la solicitud, la UIA indicó que, a la fecha, ARCA ha ejecutado embargos sobre 1.274 pequeñas y medianas empresas de los sectores metalúrgico, alimenticio y textil. La cifra representa un aumento del 38 % respecto al mismo período del año anterior. Los embargos consisten en la retención de fondos en cuentas bancarias y la suspensión de contratos de suministro, lo que impide a las pymes cubrir nóminas, comprar materia prima y mantener su actividad operativa.

“Estamos frente a una situación que pone en riesgo la continuidad de la cadena productiva”, declaró el presidente de la UIA, Fernando Ríos, en una conferencia de prensa. “El corte del flujo de fondos, sumado a la subida del precio del gas, genera un escenario de insolvencia que puede traducirse en quiebras masivas”. Ríos señaló que la UIA ha intentado dialogar con ARCA desde enero, pero que las negociaciones no han avanzado lo suficiente para evitar los embargos.

El aumento del gas, que se ha disparado un 27 % en los últimos seis meses, es otro punto de presión para el sector industrial. La Comisión Nacional de Regulación del Gas (CNRC) informó que el precio mayorista del gas natural alcanzó los 1.800 pesos por MWh en abril, frente a los 1.410 del mismo mes del año pasado. La alza se debe, según la CNRC, a la combinación de una mayor demanda interna y la reducción de la oferta proveniente de la región del Golfo.

Empresas que dependen intensivamente de energía, como fábricas de alimentos y plantas de tratamiento de acero, reportan que el incremento del costo del gas ha erosionado sus márgenes de ganancia en un 12 % promedio. Para algunas, la presión se traduce en la necesidad de recortar producción o trasladar parte de la carga al consumidor final, lo que repercute en los precios de los productos básicos.

Ante la situación, la UIA pidió al Ministerio de Desarrollo Productivo que interceda para que ARCA establezca un plan de pago diferido y, mientras tanto, suspenda los embargos. La organización también solicitó la creación de un fondo de garantía para cubrir los pagos de gas de las pymes más vulnerables, a fin de evitar interrupciones en la cadena de suministro.

ARCA, por su parte, defendió la medida como una herramienta necesaria para asegurar el cumplimiento de los contratos de suministro y evitar la acumulación de deudas. En una nota enviada a los medios, la entidad explicó que los embargos se aplican a empresas que tienen facturas vencidas por más de 90 días y que, según su registro, la deuda acumulada supera los 1.200 millones de pesos. “Nuestro objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema de gas y proteger a los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones”, afirmó el director de ARCA, Marcelo Pérez.

El conflicto entre la UIA y ARCA se inserta en un contexto de tensiones macroeconómicas que ha llevado al gobierno a buscar medidas de ajuste para estabilizar la balanza de pagos. El último paquete de ajustes, anunciado en julio, incluye una revisión de tarifas de energía y la reducción de subsidios a la industria. Sin embargo, los representantes del sector productivo aseguran que la combinación de embargo de fondos y aumento de precios de energía crea un círculo vicioso que dificulta la recuperación.

Expertos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) advierten que la falta de liquidez en el sector pymes puede traducirse en una disminución de la inversión y, a mediano plazo, en una contracción del PIB. “Si las pequeñas y medianas empresas pierden capacidad de producción, el efecto se siente en todo el entramado productivo, desde los proveedores de materias primas hasta el consumidor final”, explicó la economista Carla Fernández.

En los últimos días, varias pymes han iniciado acciones judiciales para impugnar los embargos, argumentando que la medida vulnera el principio de proporcionalidad y el derecho a la defensa. Los tribunales aún no han emitido fallos definitivos, pero el proceso legal añade una capa de incertidumbre al ya tenso escenario económico.

Mientras tanto, la UIA mantiene la presión sobre el Ejecutivo para que, antes de fin de mes, se anuncie un plan de alivio que incluya la suspensión de los embargos y la implementación de mecanismos de financiación temporal. La organización reiteró que la continuidad de la actividad productiva depende de la capacidad de las pymes para