Investigan millonario aporte de Ceremedio a la campaña de Milei

La justicia electoral argentina abrió formalmente una causa para revisar los gastos de la campaña presidencial que culminó con la victoria de Javier Milei en noviembre de 2023. El expediente, presentado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señala inconsistencias en varios conceptos, entre los que destacan los pasajes aéreos de Javier y Karina Milei y una serie de aportes provenientes de la empresa de medios Ceremedio.

Según los documentos presentados, los pasajes comprados por la campaña suman alrededor de 180 mil dólares y fueron adquiridos a través de una agencia vinculada a la consultora política boliviana Alejandro “Chico” Quispe, actualmente privado de libertad bajo acusación de lavado de dinero y financiación ilícita de campañas extranjeras. La ONPE indica que la compra se realizó sin la documentación requerida por la normativa electoral y que el origen de los fondos no quedó debidamente justificado.

Paralelamente, la investigación incorpora los llamados “aportes de Ceremedio”. La empresa, propietaria de varios canales de televisión y radio en la zona centro del país, habría destinado a la campaña de Milei un total de 4,7 millones de pesos, según los registros de la Cámara de Diputados. Los fiscales apuntan que la empresa no presentó los comprobantes de origen de esos recursos, y que la cifra supera el límite de donaciones permitidas a partidos políticos en el último periodo electoral.

“Hay que determinar si esos fondos provienen de recursos propios de la empresa, de terceros o de maniobras para ocultar el origen real”, explicó la fiscal a cargo del caso, María Eugenia López. “En tanto, la campaña de Milei no ha ofrecido una explicación clara que cumpla con los requisitos de la ley electoral”. La fiscal subrayó que la falta de transparencia no solo afecta la legitimidad del proceso interno de los partidos, sino que también vulnera la confianza de los electores.

El consultor boliviano, detenido en La Paz tras una orden internacional, es señalado por la defensa de Milei como “un asesor externo que aportó ideas estratégicas, sin intervenir en la financiación”. En declaraciones a la prensa, el ex‑asistente de campaña, Carlos García, sostuvo que “la presencia de Quispe fue puntual, para diseñar la narrativa del programa económico; no tuvo acceso a los fondos”. Sin embargo, la fiscalía ya ha vinculado a Quispe con la contratación de los pasajes y con la intermediación de los recursos de Ceremedio, lo que complica la versión de la defensa.

Por su parte, la dirección de Ceremedio, a través de su portavoces, argumentó que “las donaciones fueron realizadas en cumplimiento estricto de la normativa vigente, con los certificados correspondientes”. El comunicado añadió que la empresa está dispuesta a colaborar con la investigación y a presentar la documentación que acredite la procedencia de los recursos. Hasta el momento, la empresa no ha entregado al juzgado los informes contables que la fiscalía ha solicitado.

El caso también ha reavivado el debate sobre la regulación del financiamiento de campañas en Argentina. En los últimos años, la Ley de Financiamiento Político fue modificada para establecer topes más estrictos y exigir mayor transparencia en los aportes de empresas y particulares. Los críticos de la normativa actual sostienen que los mecanismos de control siguen siendo insuficientes para impedir la entrada de dinero de origen opaco.

“Este expediente muestra los vacíos que aún persisten en la supervisión de los gastos electorales”, comentó el analista político Luis Benítez, de la Universidad de Buenos Aires. “Si bien la justicia electoral actúa, la falta de recursos y la complejidad de las redes de financiamiento hacen que muchas irregularidades pasen desapercibidas”. Benítez añadió que la presión de la oposición y de la sociedad civil será determinante para que el proceso judicial avance con celeridad.

En el Congreso, varios legisladores de la oposición ya han presentado proyectos de ley para reforzar los mecanismos de auditoría y crear un registro público de los aportes a campañas. El presidente Milei, por su parte, ha señalado que “la justicia debe hacer su trabajo, pero no se debe confundir la investigación con un ataque político”. En una entrevista reciente, el mandatario reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que su equipo está cooperando con las autoridades.

Mientras tanto, la ONPE ha solicitado a la Cámara de Diputados que remita los documentos contables de Ceremedio y a la Fiscalía de la Nación que emita una orden de detención preventiva contra Alejandro Quispe, quien se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Bolivia. La audiencia preliminar está programada para el próximo mes, donde se decidirá si se mantiene la detención o se concede la libertad bajo fianza.

El expediente sigue abierto y la justicia electoral dispone un plazo de 60 días para dictar una resolución