Jubilada de 66 años condenada a 4 años por burdeles en pandemia

Haydée Dolores García Acosta, de 66 años, fue condenada la semana pasada por el Tribunal N° 5 de la Ciudad. La jueza Cinthia Oberlander le impuso una pena de cuatro años de prisión por ser “autora penalmente responsable del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena”. La sanción se pactó entre la fiscalía y la defensa de la imputada.

Según la acusación, García Acosta dirigía un complejo de burdeles en un edificio de la calle Teniente General Perón 1800, a escasas cuadras del Congreso. Allí controlaba tres departamentos privados que albergaban a una media docena de escorts. La investigación reveló que la jubilada se encargaba de publicar los encuentros en la web, gestionar las comunicaciones telefónicas, fijar precios, coordinar turnos y cobrar un porcentaje de los ingresos generados.

La División Trata de Personas de la Policía Federal la detuvo en marzo de 2021, meses después de que una denuncia anónima presentada el 5 de junio de 2020 denunciara que los clientes “no respetaban la cuarentena”. La denuncia señalaba que la gente entraba y salía del local con regularidad, pese al aislamiento obligatorio. La redada permitió a la Policía incautar cuatro teléfonos y los libros de anotaciones de la administradora.

Seis agentes policiales declararon contra la acusada, y un agente encubierto relató haber tocado el timbre del edificio para averiguar la ubicación de las trabajadoras sexuales. En esa ocasión, García Acosta lo recibió y le explicó que, a causa de la pandemia, las mujeres solo acudían cuando un cliente había concertado previamente un turno. La investigación también señaló que la mujer llevaba más de quince años en el rubro, aunque la jueza Oberlander consideró atenuantes: la falta de estudios secundarios y la responsabilidad de cuidar a un familiar.

Durante el proceso se presentaron chats de uno de los teléfonos incautados, en los que la acusada ofrecía a un cliente “dos mujeres atadas acá” y se quejaba del cierre de un comercio cercano que suministraba parte de su clientela. En uno de los departamentos, que figuraba como domicilio fiscal de la condenada, se hallaron juguetes sexuales y preservativos usados.

García Acosta había permanecido detenida entre diciembre de 2020 y octubre de 2022, casi un año en total. Tras la sentencia, la mujer manifestó que “espera ir a la cárcel” y sigue atendiendo el teléfono. En sus declaraciones a Infobae describió el proceso como “una causa armada”, insinuando la existencia de presiones y manipulaciones que, según ella, “se agregaron cosas que jamás existieron”.

Con la condena, la justicia argentina cierra un caso que puso en evidencia cómo, incluso en el peor momento de la pandemia, el negocio del sexo siguió operando bajo la sombra de la clandestinidad y la vulneración de derechos. La sentencia marca un precedente para futuras investigaciones sobre trata y explotación sexual en el contexto de emergencias sanitarias.