Jubilados del PAMI perderán consultas y estudios dos días
Las entidades de salud privadas anunciaron que dejarán de atender a los afiliados del PAMI durante dos jornadas, alegando que los pagos recibidos no cubren el aumento de costos. Urgencias seguirán abiertas, mientras se mantiene abierto el canal de diálogo con el gobierno y el jefe de Gabinete Diego Santilli.
Diversas clínicas y sanatorios privados comunicaron que interrumpirán la atención a los beneficiarios del PAMI por un plazo de dos jornadas completas. La medida, que afecta consultas y procedimientos programados, se produce porque, según las organizaciones del rubro, los montos percibidos no acompañan el incremento de los costos operativos, entre los que se incluyen salarios, insumos médicos y mantenimiento general.
Los prestadores también denuncian un desfasaje entre la evolución de los precios y la asignación de fondos por cápita, lo que compromete la viabilidad financiera de los establecimientos. Además, critican los límites y cupos impuestos para determinadas prácticas, argumentando que esas restricciones dificultan una cobertura adecuada y oportuna.
Aunque la protesta contempla la interrupción momentánea de consultas y estudios de alta complejidad, las áreas de urgencias y emergencias críticas continuarán operando. La medida profundiza las dificultades que los jubilados ya enfrentan para conseguir turnos con especialistas y realizar estudios en distintas regiones del país, trasladando el peso de la disputa a los sectores más vulnerables.
Los funcionarios de salud del PAMI y autoridades del instituto aseguran que el diálogo sigue abierto mediante encuentros técnicos para revisar los valores vigentes y evaluar aumentos parciales en prácticas específicas. Las entidades empresarias, sin embargo, consideran exiguas las propuestas oficiales y han condicionado la medida de fuerza a los resultados de las negociaciones de último momento.
El sector prestador formalizó una solicitud de reunión urgente con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el 14 de septiembre, con el objetivo de debatir la situación financiera y abordar dos ejes: modificaciones impositivas y la resolución de deudas fiscales acumuladas. Cerca de cinco mil establecimientos sanitarios arrastran compromisos impositivos impagos y están amparados por una normativa que impide a la ARCA ejecutar acciones judiciales. Desde los prestadores advierten que la incertidumbre sobre la prórroga o continuidad de este marco de protección genera un fuerte impacto negativo, desestabilizando la planificación financiera y presupuestaria de las entidades involucradas.
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