La Justicia le da 5 días al Gobierno para pagar el presupuesto universitario o afrontar multas diarias

El martes, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, volvió a presionar al Gobierno de Javier Milei para que cumpla con la medida cautelar que la Corte Suprema avaló en el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario. Con “expreso apercibimiento”, Cormick le concedió al Ejecutivo cinco días para ejecutar las partidas presupuestarias previstas en la Ley 27.795 – destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación – y advirtió que, de no hacerlo, se aplicarán multas diarias por cada día de demora.

Las universidades y los gremios del sector ya habían señalado que el cumplimiento “no es total”. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la recomposición salarial que reclaman asciende al 31,2 % del total. En contraste, el Gobierno ofreció apenas un 3 % en la última paritaria, lo que desencadenó una nueva marcha federal universitaria prevista para el 15 de octubre y diversas medidas de fuerza sindicales.

El conflicto no es nuevo. A finales de agosto fracasó una audiencia entre el Ejecutivo y las casas de estudio, en la que las universidades exigían fondos para los hospitales universitarios mientras el Gobierno pedía levantar la medida cautelar. La postura del Estado, según el propio Ministerio, sería que ya está cumpliendo “un pedacito” del fallo, al haber entregado el 21 % de un aumento estimado en 55 % que la justicia había señalado como necesario. El abogado del CIN, Pablo Manili, calificó esa argumentación de “absurda”, comparándola con pedir que levanten un embargo porque se pagó solo 1 peso de una deuda de 10.

La contradicción entre la cifra que el Ejecutivo considera suficiente (21 % de un aumento del 55 %) y la demanda de las universidades (31,2 % de recomposición salarial) plantea preguntas clave. ¿Qué criterios usa el Gobierno para definir qué parte del presupuesto ya está “ejecutada”? ¿Cómo se calcula la diferencia entre el 21 % y el 31,2 % que reclaman las instituciones académicas? La falta de claridad alimenta la desconfianza y dificulta cualquier intento de negociación.

Otro punto crítico es la ausencia de información sobre el monto de las multas diarias que el juez advierte. Sin una cifra concreta, la presión judicial parece más simbólica que coercitiva, lo que podría alentar al Ejecutivo a postergar el cumplimiento bajo la expectativa de que la sanción sea mínima o negociable.

Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene la presión. La convocatoria a la marcha del 15 de octubre y las recientes medidas de fuerza buscan no solo la ejecución del presupuesto, sino también una respuesta clara a la “recomposición salarial” que, según los docentes, está muy por debajo de la inflación acumulada desde el inicio de la gestión de Milei.

El escenario plantea un dilema para el Gobierno libertario: aceptar la medida cautelar y destinar recursos que, según su discurso, podrían considerarse “gasto improductivo”, o arriesgarse a una escalada de conflictos sociales y judiciales que podrían traducirse en sanciones económicas y en la pérdida de apoyo de un sector clave para la formación de capital humano.

En definitiva, la orden de cinco días no solo pone a prueba la voluntad del Ejecutivo de acatar una decisión de la Corte Suprema, sino que también evidencia la brecha entre la narrativa oficial de “cumplimiento parcial” y la exigencia concreta de las universidades. La respuesta del Gobierno en los próximos días será decisiva para definir si el conflicto se resuelve en la sala de justicia o si se traslada nuevamente a las calles.