Juez frena prueba de ciudadanía y deja en vilo padrón de Ohio
Un magistrado federal anuló temporalmente la exigencia de Ohio de presentar documento que acredite la ciudadanía para inscribirse en el padrón electoral a través del DMV. La decisión, basada en la incompatibilidad con la ley federal, será apelada por la autoridad electoral del estado mientras otros estados observan el caso.
El pasado lunes el juez federal Michael J. Hogan emitió una orden preliminar que bloquea la norma aprobada en 2023 por la Asamblea General de Ohio, la cual obligaba a los ciudadanos a presentar una prueba de ciudadanía (pasaporte, certificado de naturalización o tarjeta de residente permanente) para poder registrarse en el padrón electoral en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Según la sentencia, la medida contraviene la National Voter Registration Act (NVRA) de 1993, que prohíbe a los estados imponer requisitos de identificación o ciudadanía como condición para la inscripción.
“Ohio está imponiendo una barrera que la legislación federal ya dejó clara que no puede existir”, señaló el juez en el fallo. La medida quedó suspendida de forma inmediata, lo que significa que los trámites de registro en el DMV vuelven a operar sin la solicitud de documentos que acrediten la ciudadanía, al menos hasta que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos decida lo contrario.
El secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, anunció que el estado apelará la decisión. LaRose, quien lidera el organismo que supervisa las elecciones, argumentó que la norma busca “proteger la integridad de nuestras elecciones” y que la evidencia de votantes no ciudadanos en Ohio es “nula”. Sin embargo, el tribunal encontró que la legislación estatal “no está alineada con la política federal” y que el riesgo de exclusión de votantes elegibles supera cualquier supuesto beneficio.
La polémica no se limita a Ohio. En los últimos meses, demandas similares han surgido en Arizona, Kansas y Texas, donde legislaturas también intentaron añadir pruebas de ciudadanía al proceso de inscripción. En Arizona, por ejemplo, una orden judicial suspendió una ley que exigía una declaración jurada de ciudadanía, mientras que en Texas la Corte Suprema del estado dejó en suspenso una norma que requería la presentación de documentos migratorios. El patrón muestra una creciente tensión entre gobiernos estatales que buscan endurecer los requisitos electorales y la legislación federal que protege el derecho al voto.
Para entender el alcance de la medida de Ohio, basta con mirar los números. El censo de 2020 indica que el estado cuenta con 11,3 millones de residentes en edad de voto; de esos, aproximadamente 7,9 millones están registrados. Según datos del Secretario de Estado, en 2022 se registraron 1,2 millones de votantes a través del DMV. Si la prueba de ciudadanía se hubiera mantenido, la Oficina del Secretario estima que entre 30.000 y 50.000 personas podrían haber sido excluidas del padrón, cifra que incluye a inmigrantes legalmente residentes y a jóvenes recién naturalizados que todavía no poseen pasaporte.
Los críticos de la norma sostienen que la medida no tiene base empírica. Un estudio del Brennan Center for Justice, citado por la ACLU de Ohio, concluyó que “no hay evidencia de que votantes no ciudadanos hayan participado en elecciones estatales en los últimos veinte años”. Sin embargo, defensores del proyecto de ley, encabezados por el senador republicano Bill Beagle, aseguran que la regla es una medida preventiva contra fraudes que, según ellos, “aunque no se haya detectado, podrían ocurrir”.
El caso abre una serie de preguntas que quedarán sin respuesta hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie. ¿Podrá el estado presentar una solución alternativa que cumpla con la NVRA y, al mismo tiempo, satisfaga sus argumentos de seguridad electoral? ¿Cómo afectará la decisión al calendario de la primaria de octubre, cuando millones de votantes acudirán a las urnas? Y, quizás lo más relevante, ¿qué precedentes sentará este fallo para los demás estados que persiguen leyes similares?
Mientras la disputa legal avanza, la realidad cotidiana es que los ciudadanos que acudan al DMV para inscribirse no tendrán que presentar ningún documento que acredite su ciudadanía. Para muchos, especialmente inmigrantes que ya cuentan con residencia permanente o que están en proceso de naturalización, la suspensión representa una ventaja concreta: evitan trámites adicionales y la posibilidad de ser rechazados por un requisito que, según los tribunales, no está justificado.
El escenario también plantea un debate interno sobre la autonomía estatal frente a la normativa federal. La NVRA fue diseñada para uniformizar el registro de votantes y evitar que los estados impongan barreras que pudieran afectar la participación. La tendencia de varios gobiernos locales a buscar “soluciones de seguridad” mediante requisitos de identificación
