Justicia pospone elecciones de la UTA para diciembre

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a través de los jueces Gabriela Vázquez y Enrique Catani, ordenó la suspensión de los comicios de renovación de autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La votación, inicialmente fijada para los días 7 y 8 de octubre, se reprogramó para el 17 y 18 de diciembre, con la designación de un veedor judicial que supervisará todo el proceso.

El tribunal detectó “impedimentos, anomalías y déficits” en varios puntos del proceso electoral. Entre los problemas más graves figura el padrón electoral, que registra 2 870 bajas procesadas entre junio y el 24 de agosto de 2026. Todas esas bajas aparecen con la misma causal –cese laboral– pero sin la fecha exacta de finalización del vínculo, dato obligatorio para confirmar el derecho al voto. La normativa protege la afiliación durante los seis meses posteriores al despido o renuncia, lo que deja abierta la posibilidad de que muchos de esos afiliados ya no cumplieran con los requisitos para sufragar.

Otro punto crítico es la interrupción de la actualización del padrón a partir del 24 de agosto. Los cambios posteriores carecen de respaldo documental, lo que impide verificar la vigencia de los registros. Además, la distribución de los 494 mesas resulta irregular: el promedio es de 125 votantes por mesa, pero 11 mesas superan los 600 electores, con picos de 1 067, 1 037 y 1 000, muy por encima del máximo de 350 establecido por el Código Electoral Nacional. En sentido opuesto, cuatro mesas cuentan con un único elector y otras once con menos de cuatro, lo que compromete el secreto del voto al hacer imposible el anonimato.

La Junta Electoral también incluyó mesas en lugares que no figuraban en la convocatoria original, y la Resolución 25/26 del 24 de septiembre, que aprobó la impresión y distribución de boletas, contiene un error de fecha que indica “los comicios previstos para el 7 y 8 de diciembre de 2026”, una fecha que no corresponde a ninguna convocatoria vigente. El mismo documento reconoce que el modelo de boletas fue confeccionado sin la conformidad previa de todas las listas, y que sólo la lista oficialista quedó “oficializada en su totalidad”, mientras que las tres listas opositoras presentan excepciones en varias Juntas Seccionales.

La denuncia que originó la intervención judicial provino de la Lista Negra, que señaló irregularidades tanto en el padrón como en la oficialización de candidatos. Según la “Revisión de Reclamaciones” del 22 de septiembre, la Junta Electoral aceptó más de 500 incorporaciones al padrón solicitadas por la Lista Celeste y Blanca, sin exhibir la documentación a las demás agrupaciones ni someterla a impugnación. Simultáneamente, se registraron más de 1 000 exclusiones sin la audiencia previa que exige el estatuto de la UTA.

Frente a la decisión, el presidente de la UTA, Roberto Fernández, de 82 años, calificó la medida como “piedras en el camino” de quienes, según él, “no quieren que se vote y judicializan la política gremial”. Aseguró que, pese a no compartir el fallo, la dirigencia respetará la resolución y trabajará para que en diciembre los afiliados “llenemos de votos las urnas”. Sin embargo, la propia sentencia subraya que celebrar los comicios en las condiciones actuales no sería una elección real, sino “un mero remedo del ejercicio democrático”.

Quedan varias preguntas sin respuesta. ¿Por qué la Junta Electoral permitió que el padrón quedara estático a partir del 24 de agosto, cuando el proceso electoral se había convocado el 14 de julio? ¿Cómo se justificó la distribución tan dispar de electores por mesa, que supera en tres veces el límite legal? ¿Qué responsabilidades recaen sobre quienes aprobaron la impresión de boletas con una fecha equivocada y sin la firma de todas las listas